Parece que el anuncio del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de que de ganar el PSOE las elecciones para acceder a la carrera judicial no será necesario superar oposiciones, sino solo tener brillantes expedientes académicos y hacer un curso de formación, no ha sido bien acogido en los sectores jurídicos extremeños. En la región, desde magistrados a jueces, fiscales, profesores, abogados e incluso estudiantes de Derecho consideran "fuera de lugar" e "inviable" el ya denominado plan Bermejo .

Así lo indicaron ayer a EL PERIODICO mientras desde el Gobierno, la vicepresidenta Fernández de la Vega aclaraba que la iniciativa de Bermejo "no está decidida, es un debate que se está haciendo en el PSOE", y el propio ministro matizaba que el sistema de acceso sin oposición "sería complementario al actual y solo para la universidad pública".

Esta matización parecía ya intuirla el fiscal-jefe de Extremadura, Aurelio Blanco, quien antes de hacerse pública ya mostró a este diario su consideración de que el anuncio de Bermejo "no creo que se trate de una propuesta, sino de una sugerencia para el debate". Y también estimó que el acceso a la carrera judicial "debería de ser una valoración combinada de expediente académico y oposición, seguida, por supuesto, de una valoración continuada en la escuela judicial o en el centro de estudios jurídicos y en la práctica diaria, en juzgados y tribunales o en la fiscalía". En su opinión, "no es conveniente" que sea solamente por el curriculum ni solamente por la oposición.

Complicado consideró por su parte el magistrado cacereño Francisco Matías Lázaro el sistema propuesto por el ministro, teniendo en cuenta, dijo, que en España hay muchas diferencias entre facultades, entre unos profesores y otros, " y por desgracia el nivel de la mayoría de las facultades, y llevo años teniendo alumnos en prácticas de quinto de carrera, está muy lejos del deseable". En su opinión, "para determinadas profesiones jurídicas, no ya solo la de jueces o fiscales, también las de notario o registrador, se necesita una oposición seria".

"Completamente en contra" manifestó estar Joaquín González Caso, miembro destacado de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, de la propuesta, que calificó de "oportunidad política" y cuestionó sus "motivos ocultos". Y es que según indicó "si no se trata de un ataque a la independencia judicial a través de primar por el sistema de ingreso a la carrera a un sistema que no es el sistema jurídico que tenemos actualmente, debe haber motivos ocultos, pues la propuesta se desmonta por sí sola y, por tanto, no podemos creerla sincera".

Y es que en su opinión así no se soluciona la huída de buenos licenciados al sector privado, "ya que el problema que hay actualmente en la carrera judicial es que no es atractiva, por el tema salarial y por la carga de trabajo, y los buenos abogados prefieren irse a los grandes despachos porque saben que en ellos, a la vuelta de cinco o seis años, van a ganar tres, cuatro o cinco veces más que en la carrera judicial".

También el abogado Juan José Moreno, para el que "el sistema actual es el más garantistas y el que más fiabilidad da a la hora de incorporar jueces y fiscales al Poder Judicial", la calificó de "medida electoralista". En su opinión "no tiene base alguna, pues la capacidad se demuestra con la oposición o con la experiencia continuada durante largos años y un reconocido prestigio", motivo por el que estimó más conveniente incidir en el cuarto turno, el acceso directo a la judicatura o a la fiscalía de abogados con experiencia y reconocido prestigio.

Para Emilio Cortés, decano de la Facultad de Derecho, que aboga por la especialización jueces, fiscales..., la propuesta del ministro "es completamente divergente con el nuevo plan de Bolonia que, precisamente en defensa de la especialización, establece un grado y un postgrado". Puntualizó, además, que la facultad está para formar juristas, no para formar jueces o fiscales.

Ni los propios estudiantes de Derecho aprueban la medida. Para Alejandro Holgado y Borja Candela, alumnos de 2º curso que consideran el sistema actual de oposición como el más idóneo, el plan Bermejo "es carente de sentido y no garantiza que haya mejores jueces" y, además, "restringe las posibilidades de acceso a la carrera judicial de todos los licenciados de Derecho".

Mientras, a nivel nacional el fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, se mostró convencido de que "cabe la posibilidad de complementar y atraer a buenos juristas a la carrera sin oposición"; el Consejo General de la Abogacía apoyó la propuesta del ministro por entender que "el sistema de acceso a la judicatura por oposición está obsoleto"; y el juez Decano de Madrid, González Armengol, afirmó que la propuesta "no garantiza la objetividad", al crear, a su juicio, "cierto clientelismo".