El Cuerpo Nacional de Policía desarticuló el pasado mes de noviembre en Badajoz un grupo de delincuentes extranjeros dedicados a la introducción en España de mujeres para obligarlas posteriormente a ejercer la prostitución. En el transcurso de la operación, que fue llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Badajoz, se practicó la detención de tres personas y se consiguió liberar a dos mujeres de nacionalidad rumana a las que esta red mantenía secuestradas.
La acción policial no fue hecha pública por la Delegación del Gobierno de Badajoz hasta ayer mismo, al haber decretado el secreto de sumario el juez encargado del caso.
VIAJE CON ENGAÑO Las dos mujeres liberadas, de 21 y 23 años de edad, fueron trasladadas en el erróneo convencimiento de que venían a ampliar sus conocimientos de castellano, cuyo estudio ya habían comenzado en su país de origen. Sin embargo, una vez en España, fueron obligadas por los miembros de la banda a prostituirse en diferentes clubes de alterne de la provincia.
Ambas féminas, cuya vida estaba totalmente fiscalizada por varios hombres y una mujer, fueron liberadas en Badajoz, donde también se procedió a la detención de dos personas, un hombre y una mujer. Con posterioridad fue detenido en la costa levantina un tercer individuo que había conseguido escapar de la operación desarrollada en la capital pacense.
LOS DETENIDOS La mujer detenida responde al nombre de Eva D. (alias Rosanna ) y también es de nacionalidad rumana. De 19 años de edad, no cuenta con antecedentes delictivos anteriores en España. El portugués Manuel Pedro C. S., de 30 años y apodado Pedro el Macarra , era el encargado del alquiler de las viviendas y de custodiar dentro de las mismas a las dos mujeres. Tampoco constan en los archivos policiales españoles detenciones anteriores de este sujeto. El tercer y último detenido es Paulo S. T. R., alias Paolo . También es de nacionalidad lusa y tiene 31 años.
Dentro de la operación contra esta organización delictiva fueron registradas dos viviendas ubicadas en la barriada pacense de San Fernando. Después de que fueran practicadas las detenciones, la autoridad judicial decretó la prisión incondicional incomunicada y el secreto sumarial de todo lo actuado. Igualmente, ordenó la protección de las víctimas y de los testigos de este caso.
Los tres detenidos están acusados de los delitos de detención ilegal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los relativos a la prostitución.
