Mantener y dar continuidad a proyectos de «máximo interés social» que venían recibiendo fondos del IRPF y se han quedado fuera este año. Fue el compromiso que lanzó ayer la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. «Aunque sea vía subvención directa», añadió. Es, finalmente, la respuesta de la Junta para «tranquilizar» a las entidades tras la protesta de éstas por el reparto de estas ayudas que permiten la supervivencia (sobre todo de las más pequeñas) que llevan años dando servicio social en la región. Este 2018 ha sido la primera vez que la gestión la ha llevado a cabo la Junta y no el Estado y solo el 20% han recibido dinero (33 de 160).
Desde la consejería aseguran que han mantenido reuniones con más de treinta asociaciones para orientarlas con otras líneas de ayudas y propuestas de mejora para la presentación de sus proyectos «ajustados a las peculiaridades de Extremadura», una de las «novedades» en la baremación.
Además, la consejería informó de que en cuanto el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad facilite la información para la siguiente anualidad, hará un grupo de trabajo con las asociaciones para mejorar los criterios de valoración en la próxima convocatoria, que será también en concurrencia competitiva.
