Ni una mancha (penal) en el currículo, ni un atisbo de sospecha, ni una condena por haber participado en una actividad delictiva y por tanto un certificado de antecedentes penales inmaculado , o en argot técnico: un certificado negativo de antecedentes penales. Todo ello, para acreditar la honestidad de quien ostente un cargo público o aspire a hacerlo. Es la reivindicación que lidera el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) que ayer registró en la Subdelegación del Gobierno de Cáceres sendos documentos dirigidos al presidente en funciones, Mariano Rajoy y al jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara.
Al responsable del Gobierno central le exigen "que establezca las precisiones normativas necesarias para ejercer como político o ser nombrado cargo público el demostrar no haber incurrido en ningún delito mediante un certificado negativo de antecedentes penales", según considera PIDE, que ampara su reivindicación en la "creciente alarma social" sobre los delitos de corrupción política por la sucesión de casos investigados por la justicia. Al presidente extremeño le animan "a que lidere la reivindicación" y "presione al Gobierno de España" para que acometa las reformas necesarias. Además han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org que ayer superaba las 300 adhesiones
"A pesar de lo que recoge la Constitución, para los políticos todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario... salvo ellos", lamenta José Manuel Chapado, presidente de PIDE, que recuerda el cambio legislativo que obliga a todos aquellos que trabajen con menores, entre ellos los docentes, a presentar un certificado de antecedentes penales por delitos sexuales. "Aunque la mayoría somos honrados, se nos señala a todos, qué menos que los políticos acrediten que son honrados cuando todas las mañanas nos levantamos con algún escándalo", insiste.
Certificado negativo
Lo que solicitan desde PIDE es que se exija obligatoriamente a todos los políticos --no solo cargo electo, sino también a los candidatos electorales, cargos de libre designación, asesores políticos o similares...--, un certificado negativo de antecedentes penales que demuestre no haber incurrido en ningún delito. Eso supone no solo que exista una condena firme, sino también "tener un proceso penal abierto por haber sustraído o malversado fondos públicos, haber administrado deslealmente los mismos... o haber participado en la financiación ilegal de algún partido".
Además, para agilizar dicha certificación solicitan también que se cree el Registro Central de Delitos Políticos y Económicos y plantean además una reforma del Código Penal, para agrupar dentro de un mismo capítulo "todos los delitos relacionados con la corrupción política", como tráfico de influencias, cohecho, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y autoridades, abusos en el ejercicio de la función, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública, y procesales.
