Los ponentes de PSOE y PP para la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura apuran estos días la negociación para presentar enmiendas conjuntas al proyecto de ley, con la intención de que sea aprobado por el Congreso en junio y el mes siguiente sea definitivamente aprobado por el Senado, de manera que esté en vigor el Día de Extremadura, que se celebra el 8 de septiembre.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, los dos grupos mayoritarios, que pactaron la reforma en la Asamblea regional, tienen ya muy avanzadas las conversaciones y sólo están a la espera de cerrar algunos flecos en los próximos días, previsiblemente en una reunión que mantendrán esta misma semana.
Así las cosas, la Mesa del Congreso acordará mañana una nueva ampliación del plazo para la presentación de las enmiendas parciales. Sin embargo, dado que PSOE y PP prevén cerrar su acuerdo pronto, esta nueva prórroga podría concluir esta misma semana y no el martes siguiente, como es habitual.
La intención de PSOE y PP es presentar un reducido paquete de enmiendas firmadas por ambos partidos. La mayoría de las ya acordadas son de carácter técnico, aunque este trámite se ha aprovechado también para proponer algunos cambios más de fondo sugeridos desde la propia Asamblea extremeña.
Ambos partidos, que tienen previsto presentar públicamente sus textos en una rueda de prensa conjunta, trabajan con la idea de que la reforma pase en junio mes por la fase de ponencia y comisión en el Congreso, de forma que el Pleno de la Cámara remita el proyecto al Senado a finales de ese mes. La tramitación en la Cámara Alta sería igualmente rápida con vistas a que pueda aprobarse en Pleno en julio y estar en vigor el 8 de septiembre.
El proyecto de reforma del Estatuto extremeño llegó al Congreso a finales de septiembre de 2009 y fue tomado en consideración por el Pleno del 17 de noviembre. Desde entonces se han ido ampliando sucesivamente los plazos para la presentación de enmiendas.
La tramitación de la norma se vio también algo ralentizada por la falta de acuerdo entre PSOE y PP en el Congreso en torno al frustrado Estatuto de Castilla-La Mancha, que finalmente fue retirado por las Cortes regionales el pasado mes de abril tras meses copando la atención de la Comisión Constitucional.
