El Gobierno de Portugal aclara que "no hay retraso y no hay interrupción" en el proyecto de construcción del AVE Madrid-Lisboa, pero que por razones de "legitimidad democrática" se ha determinado que sea el Ejecutivo que salga de las elecciones generales de septiembre el que tome "la decisión final".
Según la agencia Europa Press, el ministro do Ambiente, do Ordenamento do Territorio e do Desenvolvimento Regional de Portugal, Francisco Nunes Correia, muestra su "firme convicción en que el proyecto seguirá adelante", ya que es "de gran utilidad para Portugal y para España".
Según Nunes Correia, se trata de un proyecto "esencial" para Portugal, por la conexión a la red europea de la Alta Velocidad, y de ahí la "convicción totalmente firme" del Gobierno portugués en esta materia. "No vamos a interrumpir el proceso, la intención es que el próximo Gobierno que salga en octubre, tome la decisión final, por escrúpulo democrático", asegura el ministro portugués y resalta que de los próximos comicios saldrá "un Gobierno refrescado en su nueva legitimidad democrática". "Aunque sea un Gobierno de continuidad con el actual, será un Gobierno con un mandato renovado por parte del pueblo portugués".
El ministro explica que la decisión sobre la adjudicación de este proceso debería tomarse en agosto, y ahora será el gobierno que gane las elecciones "el que en octubre o en noviembre adopte la decisión final". "Por lo tanto no hay retraso y no hay interrupción, lo que hay es una decisión final que por razones de legitimidad democrática se tomará en octubre", asevera el ministro portugués.
Respecto al proyecto de Refinería Balboa que se prevé construir en Extremadura, explica que en el informe que elaboró el Gobierno portugués, quiso "llamar la atención sobre algunos impactos en Portugal" que esta refinería podía tener y que a su juicio son "importantes".
Por eso, solicitaron a las autoridades españolas que a la hora de otorgar la autorización "tuviesen en cuenta la necesidades de alteraciones que fuese necesario introducir para que el proyecto no tuviese esas consecuencias negativas en Portugal", apunta el ministro.
En cualquier caso, explica que en este proceso para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental el Gobierno portugués fue consultado, pero "son las autoridades españolas las que tienen la última palabra".
