El PP acudirá a los tribunales por la negativa del Consejo de Administración de la empresa pública Corporación Extremeña de Medio Audiovisuales (Cexma) a facilitarle información en materia de contratos o presupuestaria.
Así lo han anunciado hoy José María Casares, Francisca Rosa y Manuel Jesús Morán, que forman parte del Consejo de Administración de la radiotelevisión extremeña en representación del PP.
Los populares, una vez tomada la decisión de acudir a los tribunales, estudiarán ahora la medida judicial concreta que usarán, según Casares, que ha defendido el derecho de su partido a controlar el uso que hace del dinero público la Cexma, unos 40 millones de euros.
Además, han advertido que no acudirán a la próxima reunión del Consejo de Administración, mientras no reciban la información que vienen demandando desde hace un año, para evitar convertirse en "comparsas", según la consejera popular.
En este sentido, Rosa, alcaldesa de Jerez de los Caballeros, ha pedido que no se convoque al órgano, ya que cada reunión cuesta más de 3.000 euros.
Casares ha relatado las "pegas" burocráticas que les vienen poniendo desde hace un año para obtener información sobre contratos con trabajadores y productoras o sobre la ampliación del presupuesto en 4 millones para un nuevo informativo y la Liga de Campeones.
Después de obtener el compromiso de que se les facilitaría la información si la presentaban por escrito, el último Consejo de Administración, celebrado la semana pasada, ha decidido pedir un informe jurídico a un despacho de abogados de Madrid sobre si los consejeros del PP tienen derecho a recibir esa documentación.
En este sentido, Morán ha subrayado que se está negando el derecho a conocer los datos de una empresa a los consejeros que forman parte de ella.
Los consejeros del PP han planteado que, si no hay nada que ocultar y los contratos son legales, no debería haber ningún problema en facilitar la documentación.
Rosa ha asegurado que se han producido contrataciones "irregulares" de trabajadores y despidos "caprichosos", como prueban los procesos judiciales que los han considerado "improcedentes" y que ha sido pagados con dinero público.
