El PP de Extremadura sospecha que, detrás de las 28 adjudicaciones de obras concedidas por la Junta a la empresa placentina Arquitectura y Construcción de Extremadura S. L. (Arcoex) desde el 2006, puede haber un trato de favor --y por tanto, un caso de corrupción-- para favorecer los intereses de dos exaltos cargos de la Administración regional y del PSOE extremeño. Concretamente, apunta hacia Antonio Olivenza y Federico Suárez, que fueron director general de Migraciones y presidente de la Asamblea, respectivamente, y hoy forman parte del consejo de administración de la constructora.
El portavoz de los populares, Luis Alfonso Hernández Carrón, exigió ayer al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, una comparecencia a petición propia para explicar estas adjudicaciones, así como la "vulneración" de la Ley de Incompatibilidades en la que, a su juicio, ha incurrido Olivenza, contratado por Arcoex como gerente en septiembre del 2007, solo un mes y medio después de su cese como director general. La normativa en esta materia estipula que los altos cargos no pueden ocupar cargos en empresas privadas adjudicatarias de obra pública hasta dos años después de su destitución.
El PP va a pedir a la Junta información y documentación, la comparecencia de Vara e incluso una comisión de investigación en la Asamblea para aclarar este caso. También abre la puerta a la adopción de medidas judiciales, una posibilidad que están estudiando los servicios jurídicos del partido.
Los populares sospechan de las 28 adjudicaciones de obra pública concedidas, a través de distintas consejerías, a Arcoex entre principios del 2006 --cuando Olivenza fue nombrado director general-- y finales del 2010. En total suman trabajos por más de 10 millones de euros. De ellas, ocho son previas al cese de Olivenza, dos se realizaron antes de que éste se incorporase a la empresa y las restantes se han concedido tras su contratación.
Para Hernández Carrón, es un "nuevo" caso de "amiguismo y partidismo" en las contrataciones de la Junta. Porque, además, Olivenza fue nombrado director general de Migraciones por Leonor Flores cuando ésta era consejera de Bienestar Social. Flores está casada con Federico Suárez, que además de ser presidente de la Asamblea (entre 2003 y 2008) presidió el PSOE extremeño entre 2004 y 2008. Y Suárez ha entrado a formar parte del consejo de administración de Arcoex --concretamente el pasado verano--.
EXPLICACIONES DE OLIVENZA Por su parte, Antonio Olivenza salió ayer al paso de estas acusaciones y negó que haya habido un trato de favor hacia la empresa y hacia su persona. Aseguró que todas las adjudicaciones han sido realizadas por concurso público abierto; que Arcoex ha perdido "tantos o más" procesos de contratación como ha ganado desde que él llegó; y que la empresa ya recibía obras de la Junta, "en un volumen similar", antes del 2006. También se mostró confiado en haber cumplido con la Ley de Incompatibilidades, ya que asegura que la constructora le hizo un contrato laboral en septiembre del 2007 para funciones de dirección administrativa --"como gerente, no de apoderado como dice el PP"-- sin funciones representativas. "He estado fuera del consejo de administración hasta marzo del 2010, más de dos años después de mi cese". Y dice que en junio pasado incorporó a Suárez "a petición mía, porque creo que su experiencia y contactos pueden ser positivos para la gestión de Arcoex".
