La portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, asegura que el Ayuntamiento de Olivenza no puede exigir la recuperación de los terrenos de la empresa Lusográfica porque canceló las condiciones establecidas en el pliego por el que se adjudicó el contrato de compraventa de estos terrenos.

Según la agencia Europa Press, Teniente califica de "actuación escandalosa" del Ayuntamiento de Olivenza cuando, en su Junta de Gobierno Local del 17 de marzo de 2006, acordó cancelar las condiciones resolutorias establecidas en el pliego de condiciones económico-administrativas por el que se adjudicó el contrato de compraventa de terrenos en la finca Ramapallas, a la empresa Lusográfica.

Una actuación "gravísima", a juicio de Teniente, ya que "elimina cualquier posibilidad del ayuntamiento de exigir la recuperación de los terrenos", por lo que pide explicaciones sobre este "absoluto atropello" de "la defensa de los intereses públicos".

En este sentido, la diputada del PP se pregunta "qué interés tenía el alcalde y el equipo de gobierno para hacer esto" porque, en su opinión, "está claro que no podía ser el interés de los pueblos, ni de los vecinos de los trabajadores".

Cristina Teniente considera que estos nuevos datos sobre la instalación de la empresa Lusográfica en Olivenza "acreditan actuaciones irregulares por parte de las administraciones públicas", tanto por parte de la Junta de Extremadura como por el Ayuntamiento de Olivenza.

Además, la diputada del PP indica que "al conjunto de regalos, de subvenciones, de ayudas, de recursos públicos que se han hecho a esta empresa por parte de la administración" y que, según sus cálculos, se valoran en más de 13 millones de euros, "se unen la total y sorprendente pasividad por parte de la administración local y autonómica ante los incumplimientos de las obligaciones que tenía asumida la empresa". Y es que, según Teniente, cuando la empresa se instaló en la región firmó un protocolo con la Junta de Extremadura en el que se establece que esta industria debe suponer la creación de al menos 100 puestos de trabajo, una obligación que no se cumplió "en ningún caso", ya que el número máximo de empleos con los que contó fue de 70.