El secretario general del PP de Extremadura, César Díez Solís, acusó ayer a la Junta de Extremadura de favorecer la concentración de sectores estratégicos de la industria en manos de un mismo grupo empresarial, tras el cierre de la planta de Repsol Butano en Mérida y la posibilidad de que la firma del empresario jerezano Alfonso Gallardo asuma la distribución de gases licuados (butano y propano) desde la futura refinería de petróleos proyectada en Tierra de Barros.
En una rueda de prensa en Mérida, el dirigente popular criticó la "nefasta" política industrial de la Junta, a la que acusó de actuar con "pasividad" ante la supresión de la planta de Repsol, lo que convertirá a Extremadura en la única comunidad sin instalaciones de estas características.
Díez Solís señaló, además, que el Grupo Gallardo tiene "fuertes vinculaciones con la Junta" y ya controla en la región la distribución del gas canalizado y la producción de cemento.
Por su parte, la Junta reiteró que el mercado del gas está "totalmente liberalizado" en España, de forma que cualquier empresa que lo desee y que cumpla los requisitos legales puede desarrollar las actividades de distribución de Gases Licuados de Petróleo (GLP), "tanto a granel como envasado, y de distribución de gas canalizado".
