El diputado del PP Javier Casado informó ayer de que la Junta y Dicogexsa han desistido del recurso planteado ante el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anulaba la concesión a la empresa por parte del Ejecutivo regional del suministro del gas en 12 poblaciones. Según Casado, este desestimiento supone el reconocimiento de que "se incurrió en una desviación de poder y se cometió un cúmulo de irregularidades".
El diputado popular exigió responsabilidades políticas por este caso, y apuntó directamente al presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y al consejero de Economía, Manuel Amigo, de quienes dijo que "chapotean sistemáticamente en la corrupción sin asumir responsabilidades ni dimitir"
Desde la Junta se acusó a Casado de "inventar un nuevo caso de corrupción". El Gobierno regional recordó que las sentencias (dictadas en el 2001) fueron recurridas, pero que en marzo del 2005 se desistió porque un cambio legal dejó sin efectos el el objeto del pleito.
Así, lo que antes era una concesión en régimen exclusivo al mejor postor se convirtió, tras la ley de 1998 en una autorización administrativa, de manera que cualquier operador podía entrar en el mercado si cumplía los requisitos técnicos. De este modo, la propia decisión de la Junta que dio lugar a la denuncia de Repsol y la sentencia del TSJEx no tenían ya sentido.
