El diputado del PP en la Asamblea, Saturnino López Marroyo, considera el protocolo de desahucios firmado por el Ejecutivo regional y representantes de las oenegés y colectivos sociales como un "producto engañoso" y ha anunciado que los consistorios de Cáceres, Badajoz y Plasencia, gobernados por el PP, no se adherirán al mismo.
Así, el diputado popular ha asegurado que su partido "no está dispuesto a estampar firmas que no valgan para nada", al tiempo que ha criticado la figura de la mesa de control y seguimiento que contempla el protocolo, sobre la que ha dicho que estará vigilante para que la misma no ampare conductas contra el derecho a la vivienda de ciudadanos desfavorecidos y que tampoco "legitime nunca el uso indebido" de una vivienda.
En esta línea, el parlamentario regional ha manifestado que en el anterior gobierno presidido por José Antonio Monago "todos los expedientes de desahucio que se iniciaban y acababan en lanzamiento eran objeto de un análisis previo y de una evaluación por parte de ocho técnicos, de ocho trabajadores sociales de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda".
Asimismo, ha dicho también que contaban con informes de los trabajadores sociales de cada uno de los ayuntamientos donde se producían el inicio de los expedientes de desahucio para, posteriormente, en una Comisión Técnica de Intervención Social tomar la decisión del lanzamiento, por lo que, de esta forma, todos los lanzamientos estaban "socialmente justificados".
"Nosotros no queremos que este tipo de decisiones se tomen en función a lo que se decida en esa mesa, sino que se tome en función de esos meticulosos, exhaustivos trabajos que haga este grupo de técnicos y de trabajadores sociales", ha indicado en rueda de prensa.
SI DE MERIDA López Marroyo ha indicado que en el protocolo suscrito por la Junta y varios colectivos, y al que se ha adherido Mérida, "no viene registrado" que técnicos participen con informes en las decisiones de la mesa de seguimiento y control. "Si viniese registrado que la mesa va a tomar la decisión en función a esos estudios, nosotros estaríamos de acuerdo, pero no lo pone en el protocolo así", ha indicado.
También ha defendido el diputado del PP que su grupo no está de acuerdo en que las familias se vayan a la calle porque "no sean capaz o no puedan abonar el alquiler de su vivienda", pero ha indicado que no permitirá que haya personas con "necesidades de vivienda" y haya "viviendas adjudicadas y se encuentran vacías, que haya viviendas ocupadas ilegalmente o que haya viviendas con inquilinos que tengan conductas asociales".
Por otra parte, Saturnino López ha mostrado el desacuerdo de su grupo por el hecho de que la mesa de control y seguimiento sea el "órgano de debate de la política de vivienda en Extremadura", ya que el PP entiende que el "único sitio donde se garantiza el debate público es la Asamblea de Extremadura".
