El Grupo Popular pedirá nuevamente que se cree una comisión de investigación sobre la adjudicación a la empresa Dicogexsa del servicio público de gas en 14 localidades, tras ser firme la anulación de esta concesión decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
La diputada popular Cristina Teniente recordó que las adjudicaciones, por un montante total de 42 millones de euros, han sido declaradas nulas por 14 sentencias firmes al decidir la Junta no recurrirlas. Las anulaciones fueron motivadas por tratarse de una "empresa inexistente y por lo tanto no apta para operar", según los fallos, que también aluden a que el proceso de adjudicación vulneró las normas que lo rigió, lo que supuso "una burla al ordenamiento jurídico".
Teniente consideró gravísimo que el TSJEx haya reconocido la existencia de un caso de desviación y abuso de poder por parte de la Consejería de Economía, lo que demuestra, en su opinión, "el amiguismo y clientelismo" con el que suele actuar el Gobierno extremeño y en especial el titular de este departamento de la Junta, Manuel Amigo.
La diputada del PP recordó que en el año 2001, cuando el PP denunció estos hechos y solicitó también la creación de una comisión de investigación, se les acuso de intentar "sembrar la duda" y destacó que ahora ya, con sentencia firme, "sí podemos hablar de pelotazo".
Se preguntó "quién va a responder de esto" y "qué tiene que pasar con Amigo para que responda de algo". Confió en que la Junta y el PSOE tengan "por primera vez la gallardía" de aceptar la comisión de investigación y defendió la necesidad de que la oposición pueda tener acceso a todos los informes técnicos y jurídicos que respaldaron la adjudicación a Dicogexsa. Si esos informes no existen, precisó, "estaríamos hablando de algo más" que de un abuso de poder.
