El PP de Extremadura aclaró que no pretende "polemizar" con el Grupo Industrial Gallardo con respecto al suministro de gases licuados del petroleo (GLP) desde la futura refinería de Tierra de Barros, e insistió en que la Junta de Extremadura actuó con "pasividad" ante la decisión de Repsol Butano de cerrar la planta de Mérida. En concreto, en un comunicado, el PP de Extremadura denunció la "pasividad de la Junta de Extremadura en la defensa de los puestos de trabajo de la factoría de Repsol Butano en la región y la ineficacia de la política industrial socialista que se ha limitado a certificar la marcha de esta instalación de almacenaje y tratamiento de gases licuados de nuestra comunidad autónoma". Esta decisión convierte a Extremadura en la única región española que no cuenta con una planta de esas características, lo que provocará que el gas se suministre, tras el cierre, a través del transporte por carretera desde regiones limítrofes. Para el PP, la Junta tiene la "responsabilidad" de facilitar las condiciones industriales, laborales y económicas para que las empresas se instalen en Extremadura. "Cuantas más, mejor", subraya. Asimismo, los populares estiman que el ejecutivo regional debe tratar "ecuánimemente y en igualdad de condiciones a todas las empresas, vengan de donde vengan si se atienen a los requisitos legales necesarios". Por ello considera "criticable la marcha de empresas, máxime en sectores estratégicos por su repercusión social". "El PP no quiere polemizar con el Grupo Gallardo. Nunca lo ha querido", subraya el PP, que añade que "tampoco quiere responder políticamente a una empresa privada, aunque la empresa Gallardo se manifieste políticamente con argumentos, descalificaciones y valoraciones similares a las del partido en el poder". Sin embargo, aludiendo en base al respeto a la libertad de empresas, el PP "no le indica al Grupo Gallardo qué tiene que hacer, por lo que el Grupo Gallardo tampoco parece el más adecuado para indicar al partido de la oposición en Extremadura cómo debe actuar. Salvo que el Grupo actúe por otros motivos". El PP defiende un proyecto industrial para Extremadura "de calidad, en el que se conjugue el respeto al medio ambiente con nuestros productos naturales y las energías renovables con los usos tradicionales de la agricultura, porque son compatibles y complementarias para el futuro y desarrollo de nuestra región". Esta es la razón por la que el PP, subraya, se opuso y se opondrá a la instalación de una Refinería de petróleo en Tierra de Barros, instalación petroquímica que contará con "una importantísima financiación de la Junta en forma de ayudas públicas (cercana a los 90 millones de euros, de momento)", un dato que "quizás tenga algo que ver con la nota de prensa emitida esta mañana por el Grupo Gallardo". Por otro lado, el PP sostiene que la concesión de la distribución y canalización del gas en Extremadura "se hizo en fraude de ley", en alusión a "una sentencia firme del TSJ de Extremadura". Con respecto a la polémica social en torno a la Cementera de Alconera, el PP dice que no es "una fijación" por motivos medioambientales y conservacionistas, al margen de las ayudas esta empresa recibió. La ubicación de la Refinería, de otro lado, sus consecuencias para los ciudadanos, para los campos, productos y agricultura tradicional de la zona "no ha sido una propuesta consecuencia de la ignorancia del PP". "¿Tiene la culpa el PP de que el gobierno socialista se apropie de los proyectos industriales del Grupo Gallardo, los fomente, favorezca y organice manifestaciones a favor?", se preguntan los populares extremeños. Por tanto, "la polémica, si es que existe, se ha suscitado cuando se ha vinculado la instalación de la refinería petroquímica con el suministro del gas para toda Extremadura y se ha vendido esa medida como la solución ante un problema. Y esa no es para el PP la solución". El PP concluye que la política industrial de la Junta de Extremadura es "un fracaso económico y social para casi todos los extremeños", un hecho que es el que ciudadanos, políticos y empresarios deben analizar, a través de los cauces con los que cuenta el estado de derecho. "Lo demás es arrojar empresas fuera y organizar maniobras de distracción, con quien se preste a ello".