El PP de Extremadura acusó ayer a la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, de "negligente" por no ordenar el cierre del espacio aéreo de Mérida cuando se celebró el pasado mes de julio el Consejo de Ministros extraordinario en la capital extremeña y por lo que ahora se ha multado al piloto.
El PP hace esta acusaciones tras conocerse ayer la multa impuesta a un piloto cuya avioneta sobrevoló Mérida con una pancarta de protesta contra el proyecto de construir una refinería en Extremadura, pese a reconocer que ese día no se había ordenado cerrar el espacio aéreo.
La multa se le ha impuesto al piloto por infracción de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, ya que éste tuvo una actitud dilatoria con el requerimiento de la Guardia Civil para que abandonase el espacio aéreo de la ciudad.
En opinión de los populares, "es un grave error este olvido, puesto que era su responsabilidad proteger a los miembros del Ejecutivo central presentes en Mérida y no haber cerrado el espacio aéreo podría haber tenido graves consecuencias".
Para el PP, la multa de 3.000 euros impuesta a este piloto "puede ser un intento de tapar la incompetencia mostrada por no haber cerrado el espacio aéreo, haciendo así que alguien pague el error de la propia delegada, y un nuevo ejemplo de soberbia y coacción a los derechos civiles de las personas".
La formación se pregunta si esta nueva sanción de la Delegación del Gobierno contra alguien relacionado con la protesta contra la refinería es casualidad "o un nuevo episodio en la persecución que está realizando este organismo contra todos los que no piensan como el PSOE".
En este sentido, recordó las distintas actuaciones llevadas a cabo por Carmen Pereira "como la manipulación de cifras en las manifestaciones a favor y en contra del proyecto de refinería".
Por su parte, IU de Extremadura considera que la multa pone de manifiesto que el único objetivo de la Delegación del Gobierno es "amedrentar y presionar". A juicio de esta formación política, la Delegación no ha actuado pensando en la seguridad pública, por lo que han elevado un escrito al Ministerio del Interior exponiéndoles los detalles de este caso y pidiéndole que resuelva contra el expediente abierto.
