El PP lleva a sus servicios jurídicos 7 expedientes de contrataciones de la Junta que investiga el Tribunal de Cuentas

Según expresa textualmente el presidente del TC en la documentación aportada por Teniente, "el ministerio fiscal y el abogado del Estado, a los que fue sometido este informe solicitaron la remisión de antecedentes a la sección de enjuiciamiento en relación con diferentes supuestos de posible responsabilidad contable relacionados con la gestión de gastos e inmovilizado, subvenciones y distintos tipos de contratos entre los que están estos (expedientes transporte escolar)"; un procedimiento que "se encuentra en fase de instrucción".

En relación a los contratos de servicio de transporte escolar, entre las irregularidades de la Consejería de Educación señaladas por el TC destacan "no se exigieron las preceptivas clasificaciones ni las garantías a los contratistas", tenían que haberse adjudicado por un concurso de publicidad y concurrencia, pero la Junta, según Teniente, lo dividió en 42 contratos "para evitar el concurso por publicidad y adjudicarlos a dedo"; además, se adjudicaron todos los contratos el mismo día, el 8 de septiembre del 2004, festividad del Día de Extremadura, por lo que "se produce coincidencia de objeto y simultaneidad en el tiempo". Asimismo, el PP asegura que la Intervención General de la Junta cuestionó el procedimiento de contratación seguido "y se obviaron por la consejería a sabiendas", señala la diputada popular. Otra irregularidad es que "todos los contratos se resuelven antes de su finalización, sin que se exiga la indemnización por daños y perjuicios".

Respecto a los demás expedientes investigados, el TC recoge que el contrato de obras de acondicionamiento de la EX-325 por Villar del Rey tiene irregularidades en la certificación final de las obras, ya que el importe excede del 10% del precio inicial establecido; el de la construcción de ocho unidades en el instituto de Hoyos no conllevó penilidades de demora al contratista por incumplimiento de contrato, además de no aportarse la liquidación del contrato; en la rehabilitación de la Casa Grande de Cáceres se demoran las obras 11 meses cuando se adjudicó por el procedimiento de urgencia al licitador que ofertó una reducción del plazo previsto en el proyecto, y no hay acta de recepción de la obra; el TC asegura que no se ha acreditado la ejecución de las dos últimas fases del contrato para la extensión de banda ancha a localidades sin cobertura ADSL que afectan al 80% de los núcleos de población fijados; se facturan 395.000 euros más de los previstos y que no justificados en el contrato para la gestión externa de residuos peligrosos en los centros sanitarios; y faltan facturas por 694.390 euros en el suministro de tiras reactivas.

Todo ello suponen "múltiples irregularidades graves, no simples reparos formales como dice la Junta", indica Teniente, que "son un escándalo para cualquier administración". Por ello, han puesto en conocimiento de sus servicios jurídicos estos expedientes y presentarán iniciativas parlamentarias en la Asamblea "para que la Junta explique cómo esta todo esto". Teniente se pregunta si "todas las empresas de Extremadura tienen esa complicidad con la Junta, que les perdona indemnizaciones por daños y perjuicios y no se les exigen responsabilidades". Como no es así, insiste, "queremos saber por qué ha pasado todo esto".