El diputado del PP en la Asamblea de Extremadura Javier Casado anunció ayer que su partido ha presentado ante el Tribunal de Cuentas por supuestas irregularidades en la adquisición de equipos sanitarios por parte de la Consejería de Sanidad por valor de 89 millones de euros (14.808 millones de pesetas) en el año 2002.
El parlamentario aseguró que en ese ejercio sólo aparecen publicados en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) inversiones por valor de 24 millones de euros, por lo que calificó la situación de "escandalosa" y pidió al gobierno regional que aclare en que se han invertido los otros 65 millones de euros. La única respuesta que dice haber recibido el PP del consejero, Guillermo Fernández Vara, es que la adquisición de ese material --entre el que figuran 2.000 ordenadores para centros de salud-- se hizo a través de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex).
Casado explicó que esta práctica es "aparentemente ilegal" puesto que Sofiex es una sociedad de desarrollo empresarial, está participada por la Junta y, en cualquier caso, sus contratos han de estar sometidos a las exigencias de publicidad y concurrencia. El PP asegura que su denuncia persigue que se depuren "responsabilidades contables" ya que se trata del "escándalo más grave de esta legisllatura". Los populares sospechan que, sin mediar concursos, la aportación de esos equipos ha correspondido a "empresas amigas" de la Junta.
El Servicio Extremeño de Salud contestó ayer que las inversiones en tecnología sanitaria se han realizado al amparo de la Ley de Hacienda de Extremadura, que posibilita estas inversiones a través de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura.
La Junta aseguró en una nota de prensa que las declaraciones del diputado del PP sobre una denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas expresan "la incapacidad para reconocer la voluntad de la Junta de Extremadura para realizar unas inversiones necesarias". "Aquí hay algo que huele mal", concluyó Casado.
