El presidente regional del PP, José Antonio Monago, plantea "reducir la administración y achicar el sector público" extremeño, una propuesta que el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, considera un ataque contra los servicios esenciales.

Según recoge la agencia Efe, el pleno de la Asamblea de Extremadura debate la enmienda a la totalidad presentada por el PP contra el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2011. Durante su intervención, Monago propone "reducir la administración, achicar el sector público, prescindir de altos cargos y cerrar patronatos y entidades inútiles".

Sin embargo, Franco recrimina a Monago que, detrás de esta propuesta, existe un "desprecio" a los empleados públicos, el 80 por ciento de los cuales trabajan en la región en servicios esenciales como la educación o los servicios sanitarios.

Además, mientras el líder popular cifra en 126 sólo los altos cargos en la Consejería de Sanidad, el consejero le puntualiza que actualmente en la Junta de Extremadura existen en su totalidad 82 altos cargos, incluido el presidente y los miembros de su Gobierno.

Monago también critica que los entes administrativos hayan pasado de 46 a 76 en la región de 2003 a 2009 y ha planteado reducir a la mitad los altos cargos de la comunidad autónoma y acabar con sus "privilegios", que los presupuestos de 2011, a su juicio, consolidan.

En ese sentido, Ángel Franco precisa que con esta última propuesta sólo se ahorrarían cinco millones, por lo que ha enmarcado este planteamiento "en la demagogia de los que no gobiernan". Además, recuerda a Monago que en los presupuestos de 2011 se reduce un 22 por ciento la partida relativa a altos cargos de la Junta, una reducción que baja al 15 por ciento si se incluyen también los de la Asamblea de Extremadura.

En este sentido, el consejero insiste que el PP hace estas propuestas de reducción de altos cargos, pero no las aplica en sus ámbitos de actuación y reitera que detrás de este planteamiento de adelgazamiento del sector público se esconde un ataque contra el Estado del Bienestar.