El PP en Extremadura solicita la comparecencia de la consejera de Sanidad y Dependencia de la Junta, María José Mejuto, en el pleno de la Asamblea previsto para el jueves, para que esclarezca los "muchos interrogantes" que rodean el presunto desvío de alimentos de beneficencia a centros de mayores.

El portavoz regional del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, tacha de "deleznable" el supuesto caso de utilización inadecuada, por parte de una empresa que gestiona centros de día en Extremadura, de alimentos destinados a colectivos vulnerables con dificultades y considera necesario que, "por el buen nombre de Cruz Roja", una de las entidades sospechosas en este asunto, se ponga "luz y taquígrafos".

Hernández Carrón denuncia que el "principal implicado" en este caso de desvío de alimentos es un militante socialista, que además de ser el responsable del reparto de alimentos en Cruz Roja, es el responsable de la empresa que consiguió las concesiones relacionadas con la Ley de Dependencia en los centros de mayores, a través de la firma "Dya Servicios Sociales".

Sin embargo, denuncia que fueron otras sociedades laborales limitadas creadas por este militante socialista las que en última instancia prestaron los servicios, gracias a un contrato privado entre éstas y la firma concesionaria, a pesar de que las sociedades laborales no estaban acreditadas por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), un requisito indispensable para poder realizar las prestaciones.

Por este motivo, Hernández Carrón pregunta el motivo por el que el Sepad ha permitido que estas sociedades laborales presten los servicios sin acreditación en los centros de mayores de 16 municipios y si no había detectado estas irregularidades que se remontan a enero de 2010 y por qué las advirtió en noviembre de ese mismo año.

También quiere saber el PP si Cruz Roja se había dado cuenta del presunto desvío de alimentos que estaba realizando el encargado de su reparto entre los más necesitados, si la empresa Dya Servicios Sociales ha recibido subvenciones por parte de la Junta, el Gobierno central o la UE para prestar los servicios relacionados con la Ley de Dependencia y que finalmente no llevó a cabo o si el personal que ha realizado estos trabajos contaba con la titulación necesaria.

En su opinión, el desvío de alimentos es solo "una de las muchas irregularidades" que existen en torno a la cobertura de la Ley de Dependencia y que han tenido como resultado el "lucro personal" del militante socialista responsable de la empresa Dya Servicios Sociales que, además "tenía mucha mano" en la Consejería de Sanidad.