El Grupo Parlamentario Popular (GPP) instó ayer a la Junta de Extremadura que dé voz a los sectores afectados por el decreto de las gasolineras de bajo coste (low-cost) al entender que el Ejecutivo ha tomado una decisión unilateral sin escuchar al sector. El portavoz adjunto del GPP de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, calificó el texto normativo de "decretazo", criticó que dicha regulación, actualmente en fase de exposición pública, no se haya debatido con el Pleno de la Asamblea. "La Junta podría haber optado por la vía del diálogo, reformando por la Ley de Consumo de Extremadura por la vía ordinaria, sin hurtar el debate ante una cuestión que genera controversia", añadió el popular. A su juicio, "cualquier medida que se introduzca podría suponer un encarecimiento de los productos".
El portavoz adjunto del GPP preguntó al Ejecutivo regional por qué en la sustitución de oficinas de Liberbank por cajeros automáticos, "con la pérdida de empleos que esta decisión lleva aparejada, no hace nada y no decreta ni regula", pero "sí interviene" en el caso de las gasolineras. En esta línea, señaló que la Junta dice que puede producirse una indefensión de los consumidores si hay "un problema en la máquina de autoconsumo", pero "no dice nada sobre quién defiende al consumidor si se produce un problema en un cajero automático".
