El Partido Popular ha dado un paso más para tratar de evitar que el almacén temporal (ATC) de residuos nucleares se instale en la localidad extremeña de Albalá. Esta formación ha solicitado a la Secretaría de Estado de Energía que suspenda el procedimiento para determinar la ubicación de la planta. El motivo es que existe un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Cáceres que puede conducir a la anulación de la candidatura albalense. Por tanto, el Gobierno se expone a tomar una decisión que posteriormente podría quedar invalidada por la justicia.
Los concejales del PP en el municipio extremeño, Antonio Galán y Federico Fernández, entregaron ayer en la Subdelegación del Gobierno de Cáceres un escrito dirigido al secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín. En él solicitan la suspensión del procedimiento para determinar donde se construirá el ATC. "Estamos pidiendo la paralización de cualquier tipo de decisión que se pueda tomar respecto a Albalá basándonos en el contencioso que hemos presentado en los juzgados. No tendría sentido que el Ministerio eligiese el pueblo y luego el juez nos dé la razón, anulando el pleno en el que se aprobó la candidatura; Albalá se convertiría en el lugar elegido pese a no cumplir con las exigencias de la convocatoria", explicó Fernando Manzano, secretario general de los populares en Extremadura.
En última instancia, el objetivo de la formación no es frenar el procedimiento completo, si no que el ministerio aparte, cautelarmente, a Albalá de la carrera por el ATC. "Queremos que a Alabalá lo dejen aparcado y tomen una decisión respecto al resto", precisó Manzano en la sede del partido en Cáceres.
El escrito va dirigido al secretario de Estado, Pedro Luis Marín, porque es la persona que preside la comisión interministerial creada para seleccionar el lugar donde se construirá este almacén de residuos de alta radiactividad.
El PP presentó el pasado 29 de marzo un recurso contencioso administrativo en el juzgado de lo contencioso número 2 de Cáceres en el que solicita la anulación del pleno de Albalá que aprobó la candidatura. Los populares consideran que no hubo motivos para que esa sesión plenaria fuera convocada con carácter extraordinario y de urgencia --dado que el asunto se podía haber tratado en sesión ordinaria-- ni se facilitó la información oportuna a los ediles, vulnerándose el artículo 23 de la Constitución. La primera exigencia del ministerio es que la candidatura esté aprobada por acuerdo plenario. Desde esta departamento aseguran que si el pleno es declarado nulo por el juzgado, Albalá quedará automáticamente fuera del proceso.
Aunque el PP dio ayer por hecho la admisión a trámite del recurso, el juzgado de Cáceres aclaró que todavía no se ha decidido.
