El secretario general del PP de Extremadura, César Díez Solís, pidió ayer la creación de un pacto social y político contra la siniestralidad laboral y un plan de choque "urgente" ante los datos "muy alarmantes" en la región, que ha aumentado en un 6,2% con 6.676 siniestros, según cifras del ministerio de Trabajo.

Solís destacó que Badajoz, con un 8,6%, y Cáceres, con un 3,5%, conforman ese "peligroso panorama" de siniestralidad laboral en Extremadura, un hecho en el que también coinciden los sindicatos, que apuntan el fracaso de la ley de prevención de riesgos laborales que no ha contribuido, a juicio de los populares, a reducir la siniestralidad laboral y su "especial incidencia" en el sector de la construcción que, con un 16% de la población extremeña ocupada, tiene un 30% de accidentes del total regional.

Así, el PP presentará en la Asamblea de Extremadura una Proposición de Ley de creación del Instituto Extremeño de Prevención de Riesgos Laborales.

Por otro lado, la Junta defendió ayer la legalidad de sus actuaciones tras las acusaciones del diputado del PP, Pedro del Pino, de utilizar un procedimiento de concurso dirigido a una empresa concreta para la adjudicación del suministro de la red de comunicaciones para las autovías autonómicas. Además, pidió al PP que no le haga "perder tiempo repitiendo críticas falsas ya aclaradas".

Del Pino criticó también una "adjudicación ilegal" el 25 de mayo por la que la Consejería de Cultura contrató, bajo el procedimiento de negociado sin publicidad y vía ordinaria, un monográfico sobre Extremadura como enclave cultural a la empresa El País S.L.. A esto, la Junta respondió que la supuesta ilegalidad del contrato con este medio "es absolutamente falso".