Después de 25 años de reclamaciones, la llamada deuda histórica sigue generando disputas entre los partidos políticos extremeños, incluso después del acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y la Junta de Andalucía --comunidad que junto a Extremadura tiene reconocido este concepto en su estatuto de autonomía--. En rueda de prensa, el PP solicitó un cálculo al alza de la cifra que en 1998 acordó la Asamblea de Extremadura establecer como mínimo a partir del cual iniciar la negociación, y que se fijó en 300,5 millones de euros (entonces 50.000 millones de pesetas).

Se trata de una cifra que de actualizarse aplicándole la evolución del IPC desde entonces, a día de hoy se elevaría hasta los 415,02 millones de euros.

El portavoz del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, asegura que hay "razones de peso para pedir más", entre ellas los 800 millones "adicionales" pagados a Cataluña para mejorar sus infraestructuras, o las cantidades que están solicitando otras regiones, como como Aragón, que sitúa su deuda en 600 millones; en Baleares, 1.064 millones; en Murcia, 1.600 millones, y en La Rioja solicitan 537, según los datos que aportó.

"Aquí el que no llora no mama", concluyó Hernández Carrón, quien criticó al presidente de la Junta porque en este asunto "está sumiso y no reivindicativo". "No vamos a perder ni un minuto, ni a dar por perdido ni un euro que nos corresponda a todos los extremeños", advirtió.

Sin embargo, el PSOE pidió calma al PP ante esta cuestión. La portavoz socialista, Ascensión Murillo, dijo que "no toca hablar ahora" de cuantías sobre la deuda histórica que la región debe reclamar al Gobierno. Según el calendario previsto, aún tiene que aprobarse el nuevo Estatuto de Autonomía, y posteriormente se habrá de constituir una comisión mixta entre el Estado y la comunidad autónoma, donde se comenzará a hablar de cuantías.

Las palabras de Hernández Carrón no han gustado en el PSOE, donde las han calificado como una "falta de respeto" a la comisión parlamentaria para la reforma del Estatuto. "Es el Parlamento el lugar en donde habrá que poner encima de la mesa todas las cuestiones que puedan afectar al futuro Estatuto", y "no toca hablar ahora de cuantías porque falta todavía mucho tiempo", dijo Murillo.