El PP de Extremadura insta a la Junta a poner en marcha medidas preventivas para que los docentes extremeños se sientan respaldados por la Administración regional ante los casos de violencia en las clases. Además, anima al Ejecutivo a que se presente como acusación particular en los casos ocurridos en Navalmoral y en Villanueva de la Serena. Así lo comunica el secretario general del PP, César Díez Solís, tras la reunión del comité de dirección del partido.Según recoge la agencia Europa Press, a juicio del político popular, si la Junta se involucra, las agresiones "quedarán nuevamente impune", por lo que acusa a la Junta de Extremadura de "dejación de funciones". Una de las agresiones se produjo el martes en el colegio Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, en el que la abuela de un alumno supuestamente agredió a dos profesores del centro, que hubieron de ser atendidos en un centro de salud. En este sentido, el dirigente popular critica que el Observatorio para la Convivencia Escolar, órgano creado para actuar como "notario de la realidad de la situación en las aulas", y como "articulador de medidas para paliar estas situaciones", según las palabras de la propia consejera de Educación, Eva María Pérez, no ha celebrado ni una sola reunión al menos desde que se constituyera el pasado 25 de mayo en Cáceres. Díez Solís resalta que hay profesores que reconocen tener dificultades para desempeñar su labor en las aulas, y que algunos docentes acuden a los centros con "cierto temor". Asimismo, habla de la existencia de una "conflictividad soterrada" en las aulas, producto de que algunos docentes que son víctimas de la violencia escolar se "avergüenzan" de ello y no denuncian el caso. En opinión del diputado del PP, esto se deben a que el profesorado no se siente "arropado" por la Administración regional. A juicio del político popular, la violencia en las aulas extremeñas es "preocupante" y acusa a la Junta de Extremadura de no atajar el problema. Por ello, Díez Solís exige a la Junta medidas preventivas para evitar que se produzcan nuevos casos de agresiones a personal docente. De este modo, solicita que se dote a los equipos directivos de los centros y a los profesores con "instrumentos" que les permitan detener una situación de violencia escolar. Además, apuesta por la formación del personal docente y también de las familias para abordar situaciones de violencia escolar y requiere la elaboración de protocolos de actuación rápida, acompañados por "instrucciones claras" que permitan su aplicación en el caso de que sea necesario. Otra de las medidas propuestas por Díez Solís es la actuación de inspectores especializados en cada distrito escolar. Díez Solís apostilla que los 60 profesores que el pasado año denunciaron haber sido víctimas de la violencia escolar, según datos de la Junta, podrían haber evitado pasar por esta situación si se hubieran ejecutado las medidas anunciadas.