El Grupo Parlamentario Popular reclama la comparecencia "urgente" en el pleno de Asamblea de Extremadura de la vicepresidenta Segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar, para explicar el "sospechoso trato de favor" por parte de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex) a la empresa Lusográficas, actualmente en concurso de acreedores.

Según la agencia Europa Press, la solicitud de comparecencia urgente se presentó hoy en el registro de la Asamblea de Extremadura, según anuncia la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cristina Teniente, quien muestra las "sospechas" del PP de que ha sido "la propia empresa la que está provocando el concurso de acreedores".

En su intervención, Teniente recuerda que la empresa Lusográficas está participada por Sofiex en un 31,29 por ciento, con una aportación de 2,4 millones, pero además "en ella se han invertido numerosos recursos públicos por la vía de subvenciones, ayudas, incentivos y préstamos".

La diputada popular aclara que Sofiex concedió una deuda a largo plazo a esta empresa por 4 millones de euros, a los que hay que sumar los 138.000 euros de subvención para formación de trabajadores, y los 3,6 millones de euros que recibió de incentivos regionales. Además, añade, el Ayuntamiento de Olivenza cedió a esta empresa 65.000 metros cuadrados de terreno, que "a los pocos meses se hipotecaron por 3 millones de euros, un importe que sirvió para financiar la construcción de instalaciones".

Ante todo ello, Teniente asegura que la aportación de recursos públicos de la Junta de Extremadura a esta empresa ascendió a 6,62 millones de euros, una cantidad que asciende a 13,3 millones si se incluyen también las aportaciones del Estado a través de incentivos regionales y del ayuntamiento. "Tantas ayudas para una empresa, y ninguna para otras", asevera Cristina Teniente, quien explica el procedimiento para la instalación de esta empresa les "hizo sospechar desde el principio" y de hecho recuerda que ya en 2003, año de instalación de Lusográficas, el PP denunció en sede parlamentaria la "falta de garantías en los bienes públicos que se aportaban para el proceso de puesta en marcha de esta empresa".

La parlamentaria aclara que las "sospechas" del PP se derivaban de "las facilidades que se otorgaron a la empresa" y por la "falta absoluta de garantías en el mantenimiento de la actividad". "Unas sospechas que ahora se confirman con el intento de desmantelamiento".