La posibilidad de que el Gobierno finalmente acabe llevando a cabo algún tipo de armonización fiscal que iguale en las diferentes comunidades autónomas los tributos cedidos, como son los de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio, ha hecho que las donaciones se estén disparando en los últimos meses en las comunidades autónomas donde este tributo está más bonificado —fundamentalmente las gobernadas por el PP y Ciudadanos—. No así en otras, como Extremadura, donde no existen estas rebajas fiscales.

En la región sí que se dejaron notar de manera más que evidente los cambios normativos que se llevaron a cabo, primero para introducir importantes bonificaciones en este tipo de transmisiones en febrero del 2015, y luego, en diciembre del 2016, para eliminarlas de la normativa. En el primero de esos años se contabilizaron, de acuerdo a las estadísticas de los notarios, 3.859 donaciones, más del triple que las que había habido un año antes (1.175). El ritmo se mantuvo en el 2016, con 3.927, para caer en el 2017, ejercicio ya sin bonificaciones, a 898.

El PP de Extremadura aseguró esta semana que la «armonización fiscal» va a suponer acabar también con la actual bonificación del 99% para las herencias encuadradas en los grupos I y II del impuesto. Según sus estimaciones, eliminar este beneficio fiscal tendría un impacto de unos 15 millones de euros para los extremeños.

«Extremadura, Andalucía o Murcia han dado la vuelta al mapa de este tributo en España. Las regiones que más gravaban antes se han convertido en las que menos lo hacen ahora», explica Eligio Taboada, presidente y fundador de la Asociación Stop Sucesiones. Sin embargo, matiza, esta mejora se ha producido solo para los grupos de familiares en línea directa, «porque los grupos III y IV siguen pagando lo mismo en toda España, continúan siendo expoliados». De ahí que sea entre los herederos que pertenecen a ellos donde siga concentrándose el grueso de las renuncias, que a nivel nacional rondaron las 35.000 en los nueve primeros meses del 2019.

Taboada da por seguro que el Gobierno planteará algún tipo de igualación de este impuesto entre las comunidades autónomas, y que esta se quiere hacer al alza. Y si eso sucede, avanza, «después de la lucha que ha tenido que librar la sociedad civil durante los últimos años, no lo vamos a permitir. Nos vamos a echar a la calle».