Pasar la inspección técnica de vehículos (ITV) en la región le supone a los extremeños un desembolso mayor que a los habitantes de otras comunidades autónomas. Según la tarifa de precios que maneja el Tribunal de Defensa de la Competencia, las ITV extremeñas son las terceras más caras del país en cuanto a vehículos con un peso superior a 3.500 kilos y las séptimas que más cobran en turismos.

Con estos datos, obtenidos de un estudio elaborado en el 2003, una revisión de un camión, que en Extremadura cuesta 41,18 euros, le supone a un extremeño 15,19 euros más que a los conductores de la comunidad autónoma más barata, que es Andalucía. De igual forma, pasar la inspección de un turismo en la comunidad extremeña cuesta 22,57 euros, 6,5 más que a los asturianos.

No obstante, las diferencias podrían ser aún mayores, ya que las tarifas vigentes a fecha de hoy en Extremadura son más elevadas que las recogidas hace unos meses por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Realizar una ITV a un turismo cuesta actualmente 24,77 euros, mientras que la de un vehículo con un peso superior a 3.500 kilos es de 43,38 euros.

Estas tarifas suponen que Extremadura sólo esté por debajo de Galicia y Cataluña en cuanto a las ITV de camiones y sólo sea superada en las de turismos por las regiones de Galicia, Cataluña, Castilla y León, Madrid, País Vasco y Cantabria.

MERCADO INTERVENIDO El informe, al que ha tenido acceso y que ayer publicaba el diario El País , corresponde al dictamen que el Gobierno central solicitó en el 2003 al Tribunal de Defensa de la Competencia sobre el grado de liberación del sector de las inspecciones técnicas de vehículos. El dictamen, que ya ha sido remitido al Ejecutivo central, asegura que se trata de un "mercado intervenido" en el que los precios no se fijan según la oferta y la demanda entre estaciones de servicio y vehículos, sino que los precios y su actualización los determinan las comunidades autónomas --en Extremadura las diez ITV que existen dependen de la Junta, no existe ninguna iniciativa privada--.

Curiosamente, el 14 de julio del 2003 entró en vigor un Real Decreto que liberalizaba el sector. La normativa establecía las condiciones técnicas que debían cumplir las estaciones de inspección técnica de vehículos, que pasaron de un régimen de concesiones a un sistema de autorizaciones, siempre con competencia en la materia para las comunidades autónomas.