El juego es un negocio para el que tiene la suerte y le toca, y para el empresario que se queda con entre un 5 y un 7% de lo que se juega, pero también lo es para la hacienda pública. Las arcas de la comunidad autónoma reciben cada año un jugoso ingreso procedente de la tasa que grava a las máquinas tragaperras y de las actividades procedentes de casinos, salones de juego y bingos. El año pasado se recaudaron 34 millones de euros, de los cuáles casi 20 millones salen directamente de las 5.600 tragaperras que hay instaladas en Extremadura.

Esta cifra sale de multiplicar cada una de estas máquinas por los 3.470 euros que su dueño debe pagar por ella cada año. Esta cifra es, por ejemplo, el presupuesto anual del ayuntamiento de una localidad de casi 20.000 habitantes, como por ejemplo Zafra.

Los empresarios del sector se quejan de la alta fiscalidad -a la que habría que añadir las propias de cualquier otra empresa- que pesa sobre su negocio, puesto que esta cantidad supone más de un tercio de la recaudación bruta que, de media, tiene una tragaperras en Extremadura. El resto se tiene que compartir al 50% con el titular del establecimiento en el que se encuentran las máquinas, es decir, el dueño del bar o la cafetería y de lo que resta se debe además retraer los costes de mantenimiento de las máquinas, que es bastante alto, puesto que se requiere una plantilla de tres trabajadores para atender 25 de estos aparatos.

"Queremos que se vea que la devolución que se hace a la sociedad por parte de las empresas de juego es muy importante", señala Juan Puerto, presidente de la Asociación de Empresarios Extremeños del Automático (AEMEXA), que recuerda que estas máquinas nunca se quedan con más del 25% de lo que se juega en ellas. Es decir, que de cuatro euros que se echan al cajetín, tres se devuelven a los usuarios.

Con la nueva regulación se va a producir un cambio que beneficia a los empresarios. Aunque se incrementan los topes máximos de los premios que se juegan en las tragaperras, la cantidad recaudada que se pone en juego es menor. A partir de ahora, el empresario se quedará con el 30% de la recaudación bruta, y la máquina pone en funcionamiento el 70% de sus ingresos a repartir en premios entre los jugadores.

Con este 30% de la recaudación el empresario debe asumir los costes fiscales anuales, el pago al propietario del establecimiento y el mantenimiento de las máquinas, además del coste del aparato, que en algunos casos de las nuevas tragaperras que a partir de ahora entran en el mercado cuestan en torno a 5.000 euros.