El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, propone que la comunidad autónoma no acepte el nuevo modelo de financiación autonómica si la región ve modificada su "posición" per capita, es decir, si no sigue siendo, "como mínimo", la "tercera" de España.

Fernández Vara recordó que con el modelo vigente Extremadura figuraba "en su año de partida" como la "tercera" comunidad en financiación per cápita, de modo que en el "año de partida" del nuevo sistema ha de seguir siendo la tercera "como mínimo". De lo contrario, apostilló, la región debe "votar no" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El jefe del Ejecutivo regional lanza esta propuesta para que los grupos socialista y popular en el parlamento regional la incorporen al acuerdo que ambos alcanzaron en diciembre de 2008 en torno al futuro modelo de financiación autonómica.

Plantea además Fernández Vara hoy que ambos grupos acuerden rechazar el nuevo modelo si en la exposición de motivos del mismo aparece "cualquier referencia" al "distinto esfuerzo fiscal de las comunidades autónomas". "Nuestra posición de que quienes tributan son los ciudadanos y no los territorios y que esfuerzo fiscal y capacidad fiscal no son términos sinónimos debe quedar refrendado en todo momento", añade Vara a su proposición, que dio a conocer durante su discurso inicial del Debate del Estado de la Región.

Vara precisa que estas condiciones deberían ser incorporadas mañana al acuerdo del pasado mes de diciembre, vía propuesta de resolución en la que será la segunda jornada del Debate del Estado de la Región. "Hay dos criterios no contemplados en el acuerdo de esta Asamblea explícitamente y que debemos incorporar como propuesta de resolución".

Recuerda Fernández Vara que el compromiso ya existente entre PSOE y PP de Extremadura incluía el rechazo a "cualquier acuerdo que no sea multilateral", además del apoyo a un modelo "basado en los principios de suficiencia financiera, autonomía e igualdad, así como de la estricta aplicación del principio de solidaridad".

Mediante aquel pacto de diciembre ambas fuerzas determinaban que en el nuevo modelo "debe tenerse en cuenta, además del elemento de población, otras variables como el envejecimiento, la superficie y la dispersión geográfica". A su vez, establecían que no se pongan "límites a la suficiencia que garantiza los servicios públicos", así como la garantía de que se aplica la Ley de Dependencia.

También señalaba el acuerdo parlamentario entre los dos grupos presentes en la cámara legislativa que "no es negociable en el modelo la subida de impuestos" y que "debe negociarse también la financiación local".