TAtcostumbro a poner ejemplos de ficciones audiovisuales para ilustrar temas de moral pública y política, por la ya consabida idea de que una imagen vale más que mil palabras y porque los relatos permiten una libertad que la cotidianidad nos suele impedir. Hay una película danesa, dirigida por Thomas Vinterberg y titulada 'La caza', estrenada en España el pasado mes de abril, que debería ser de visión obligatoria para la ciudadanía, para comprender las consecuencias de trivializar el concepto de presunción de inocencia: un maestro de una guardería es acusado de abusos sexuales por una niña, con un breve relato de unos hechos inventados que va siendo progresivamente creído y dado por bueno por todo el pueblo, convirtiendo la vida del maestro en un auténtico infierno, con consecuencias perdurables quizá para el resto de su existencia.
No suelo estar de acuerdo en casi nada con Mariano Rajoy , pero durante su comparecencia a propósito del 'caso Bárcenas' dijo, el pasado 1 de agosto, que la presunción de inocencia es uno de los pilares de la democracia, y tengo que darle la razón: es una lástima que ni su partido ni ningún otro haya sido escrupuloso en el respeto público a tan seria cuestión. La Constitución Española la consagra en el artículo 24.2 del nuclear Título I (De los derechos y deberes fundamentales). Es un concepto fácil de entender: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario (hasta que lo diga un juez), y son los demás los que tienen que demostrar nuestra culpabilidad, no nosotros nuestra inocencia, que se presupone. Es una plasmación del principio establecido ya en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10/12/1948).
El pasado 30 de julio se supo que la juez del juzgado de instrucción número 2 de Plasencia había decretado el sobreseimiento y archivo de la causa abierta por presunta insolvencia punible o alzamiento de bienes contra la exalcaldesa Elia Blanco , los exconcejales Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo , y el concejal Francisco Barbancho (todos del PSOE); el sobreseimiento le permite a la exalcaldesa proceder contra la acusación por denuncia falsa, pues ha de ser tenida como inocente a todos los efectos, después de haber declarado como imputada hace ocho meses. Pocos días antes, el 18 de julio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cerraba la investigación judicial contra el socialista José Blanco , exministro de Fomento, respecto a la acusación de tráfico de influencias, habiendo decaído ya anteriormente las de cohecho y prevaricación, todas ellas provenientes de un proceso abierto por ese mismo tribunal a finales de 2011.
Sin embargo, una cosa es el ámbito jurídico y otra el ámbito político. Un imputado en un proceso judicial no es un culpable, pero sí es un sospechoso. La cuestión clave es que un político, en cuanto que representante público (bien porque haya sido elegido por los ciudadanos, bien porque ocupe un cargo representativo en un partido político financiado mayoritariamente con dinero público), debe ser, entre otras cosas, un ejemplo para la ciudadanía. Esta idea, lamentablemente, ha ido degradándose con el desarrollo de las democracias modernas, pero la ejemplaridad debe volver a ser un referente de la vida pública. Y un sospechoso, mientras lo sea, no puede ser ejemplar, puesto que el ejemplo es como un espejo: devuelve una imagen que los demás deben o desean imitar. Y nadie desea imitar a un sospechoso.
XEL RETIROx político temporal para un sospechoso, además, puede ayudarle a que la presunción de inocencia sea respetada en mayor medida. Los principales obstáculos para ello --que no deberían existir bajo ningún concepto-- son el mal tratamiento de la información por parte de los medios de comunicación y el uso que se realiza por parte de los contrincantes políticos. El retiro de la vida pública disminuye el interés de los medios y la rivalidad política, de modo que las dos causas se diluyen y es más sencilla la vida para el imputado.
El principal problema para que esto se pueda llevar eficazmente a cabo es la enorme dificultad que existe hoy para que un sospechoso vuelva a la vida política activa después de haber sido declarado inocente. Aunque parte de la solución provendría de ese retiro temporal, que impediría la condena social previa al disminuir la exposición pública, existe un obstáculo mayor, del que se habla poco: la rivalidad en el interior de los propios partidos políticos, donde casi todo el mundo tiene suficientes enemigos esperando a que le pase algo así. De modo que debemos exigir que los imputados en procesos judiciales abandonen sus cargos de responsabilidad política, pero no es menos cierto que eso debería ir acompañado de reformas internas en los partidos (quizá por la vía de la Ley de Partidos) y las instituciones (para que se pudieran reincorporar), y de una mayor autorregulación obligada para los medios de comunicación.
