Si ya fue difícil pactar el presupuesto de 2016, no lo será menos cerrar el de 2017. Tras un primer encuentro el pasado mes de septiembre entre el presidente, Guillermo Fernández Vara, y los líderes de PP, Podemos y Ciudadanos, la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha abierto esta semana el diálogo con los grupos parlamentarios. Todos dicen estar dispuestos a negociar, pero todos mantienen las distancias.

Los populares insisten en que no se puede avanzar porque no hay certezas sobre datos clave como la previsión de ingresos o el techo de déficit. Podemos, que se siente «engañado» tras la experiencia del año anterior, reclama una negociación a cuatro bandas que la consejera de Hacienda ya ha aceptado, a merced de lo que opinen PP y Ciudadanos. Y es que aunque los presupuestos tenían que haber entrado en la Asamblea el 15 de octubre y el retraso es evidente, no parece que el calendario vaya a ser un problema para la Junta de Extremadura.

Al iniciar una negociación previa a la presentación del proyecto de ley con los grupos, Fernández Vara busca evitar que el pleno vuelva a tumbarle los presupuestos, por lo que parece lógico que no se arriesgue a presentalos si no están mínimamente atados con el PP o Podemos --el voto de la única diputada de Ciudadanos no es decisivo--.

Y podrían incluso no presentarse si no hay acuerdo: el Estatuto de Autonomía dice que «corresponde a la Junta de Extremadura elaborar y presentar un proyecto de presupuestos anual», pero no establece ningún tipo de sanción o medida en el caso de que no se haga. Solo recoge que las cuentas deben entrar en la Cámara antes del 15 de octubre y que si no están aprobadas el 1 de enero, automáticamente se prorrogan las del año anterior. En 2015 el acuerdo urgía porque la prórroga suponía gobernar con las cuentas elaboradas por el Ejecutivo de José Antonio Monago, pero en este caso es diferente porque el presupuesto seguiría llevando al fin y al cabo el sello socialista. De hecho, una situación parecida ya se dio en 1997: hubo prórroga presupuestaria después de que el PP e IU votaran conjuntamente una enmienda a la totalidad que tumbó las cuentas de Ibarra.

Reuniones

Es cierto que las negociaciones con los grupos están todavía en una fase muy inicial, pero no parece que vaya a alcanzarse un acuerdo a corto plazo. Con el PP, no al menos hasta que se resuelva la situación política nacional, con un Mariano Rajoy pendiente del PSOE para gobernar. Los populares no quieren que las negociaciones sobre los presupuestos autonómicos avancen hasta que no haya certezas acerca de datos clave como las transferencias que Extremadura recibirá del Estado en 2017, y para eso es necesario que haya en Madrid un gobierno en firme. Se muestran predispuestos al diálogo, pero «en el momento en el que la información pertinente deje de ser parcial y provisional», insisten. Por otra parte, esta misma semana han criticado que la ejecución de las ocho enmiendas que incorporaron a las cuentas del 2016 en materia de infraestructuras ha sido «del cero por ciento», lo que no parece un buen punto de partida.

La situación no pinta mejor con Podemos, inmerso en un proceso interno para renovar sus cargos regionales. Para no sentirse «engañados» como el año anterior --la Junta se acercó finalmente al PP para pactar y poder aprobar las cuentas al segundo intento--, en esta ocasión abogan por una negociación a cuatro bandas en la que todos los grupos pongan encima de la mesa sus propuestas y que el Ejecutivo decida «con quién puede pactar o con quién no». Blanco-Morales ya ha dicho que estaría dispuesta, pero ni PP ni Ciudadanos se han manifestado de momento. Veremos qué pasa esta semana, que hay previstas nuevas reuniones.