El 30 de agosto del 2005 se aprobaba el Decreto 195/2005 que regula el uso de la energía eólica en la región y abría la puerta a la instalación de aerogeneradores en la región.
El 30 de junio del 2006, al cierre del plazo fijado para presentar las propuestas, la Consejería había recibido 119 proyectos de 17 empresas diferentes, que sumarían una potencia instalada de 3.641 megavatios.
El 28 de diciembre, cuando finalizó el plazo para la presentación de las alegaciones a los proyectos, la Junta había recibido 4.000 peticiones diferentes. Los plazos originan aquí el primer enfrentamiento entre el PP y la Junta en esta cuestión. Los populares criticaron entonces a la Junta haber impuesto la vía de urgencia en la tramitación, con lo que a los ciudadanos solo disponían de 15 días para elaborar las alegaciones, en lugar de los 30 que son habituales.
Los populares criticaban además que frente al recorte practicado al plazo para alegar, la Administración regional se había ampliado en tres meses el plazo establecido para tomar una decisión y este finalizaba el día 31 de marzo.
