En caso de que se determine que los hechos investigados son constitutivos de delitos, dos son los que podrían imputarse a los implicados: los de falsedad documental y de estafa. Las penas podrían llegar a los tres años de prisión por cada uno de los delitos referidos.

Fuentes judiciales aclaran, no obstante, que en primer lugar "habrá que determinar si hay falsedad en los documentos y quiénes pueden ser los autores de esas falsedades", así como "acreditar si se han hecho gestiones a cambio de dinero utilizando el engaño respecto a los extranjeros que han formalizado estas solicitudes".

De momento se prevé que el proceso judicial será largo, según reconocen las mismas fuentes. "Quizás se pueda determinar en principio alguna autoría, pero va a ser lento, porque hay muchos expedientes y hay que investigarlos todos, contrastar firmas..., y también hay muchos implicados a los que tomar declaración para determinar quiénes son los autores, si están implicados los extranjeros, alguna gestoría, particulares, funcionarios... e incluso si hay alguna persona que haya organizado este sistema de regularización".

La causa judicial, que ha sido asumida por el Juzgado número 6, se encuentra actualmente en fase de instrucción.