El proceso de regularización de inmigrantes está acarreando el despido de numerosos extranjeros sin papeles , según un estudio realizado por la Asociación Profesional Española de Directores de Recursos Humanos (APERRHH). Sólo en Extremadura, esta asociación ha detectado que los empresarios han prescindido de 1.217 inmigrantes en las primeras seis semanas y media (entre el 7 de febrero y el 23 de marzo). En el mismo periodo, las solicitudes de regularización fueron 854, lo que supone un 42,5% más de despidos que de contratos, la tasa más alta de España.

La mayor parte de estos despidos se han dado en la agricultura, construcción y servicios.

En todo el país, las peticiones para regularizar extranjeros sin permiso de trabajo fueron algo más de 236.000, mientras que se contabilizaron 241.515 despidos.

Desde esta asociación se ha resaltado que los datos confirman la tendencia observada en el informe que se hizo cuando se llevaban dos semanas del proceso. Entonces en Extremadura se habían tramitado 181 solicitudes y se registraron 225 despidos, un 24% más.

DESCONFIANZA EMPRESARIAL Según había indicado a EL PERIODICO el portavoz de la asociación, César de la Fuente, esta actitud de los empresarios viene motivada por la desconfianza y la inseguridad que provoca la regularización.

Así, destacó que está claro lo que pasará a partir del alta de un inmigrante contratado irregularmente, pero no lo que ocurrirá con el periodo en que éste estuvo trabajando sin permiso, ya que lo único que se ha dicho es que no habrá multas.

Por ello, los empresarios temen que, una vez concluido el proceso, se les exijan las cuotas sociales no pagadas con anterioridad. "De este modo, al dar de alta a un extranjero, se podría entrar en una lista negra , y luego una inspección determinaría cuánto tiempo ha estado el inmigrante en situación irregular y obligaría a pagar los atrasos", comentó el portavoz.

Ante esta situación, la alternativa es despedir y, si acaso, contratar después a alguien con todas las garantías.

FRAUDES Además, la asociación ha descubierto la existencia de numerosos fraudes y mafias que están aprovechando las lagunas de la regularización, y cuya actuación ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Trabajo.

La fórmula más utilizada es que el inmigrante sin papeles busque a algún amigo, generalmente otro extranjero pero con sus permisos en regla, para que le dé de alta como trabajador doméstico, y así obtener la documentación. Por ello, señaló César de la Fuente, un tercio de las solicitudes están en este sector.

Por su parte, las mafias compran empresas ya constituidas pero inactivas, mediante un trámite que cuesta unos 2.000 euros, y luego dan de alta a inmigrantes, para después desaparecer. Según el colectivo, es poco probable que se puedan cobrar a estas empresas las cotizaciones sociales, y a los inmigrantes les quedaría la posibilidad de que les pague el Fondo de Garantía Salarial.

Una tercera opción es pagar a un empresario entre 1.800 y 3.000 euros --que, según las mafias, proviene del interesado-- para que dé al inmigrante el alta en la Seguridad Social. Pasados unos días, el extranjero, ya regularizado, es despedido por no superar el periodo de prueba.