Las aguas del entendimiento entre la Consejería de Educación y los sindicatos de profesores parecen haber vuelto a su cauce después de un mes de mayo en el que los reproches y la falta de acuerdo derivaron en una concentración frente al despacho de la consejera del ramo, Eva Pérez, y la convocatoria de un paro en las aulas durante una hora.

La titular de Educación cogió el teléfono el martes y llamó a Adrián Vivas, responsable de enseñanza de CSI-F y portavoz de la plataforma de centrales sindicales que convocó las protestas de la semana pasada, y acordaron un nuevo calendario de reuniones que comenzarán a finales de la semana próxima. En estos encuentros ambas partes retomarán las conversaciones para llevar a efecto una serie de mejoras laborales aún pendientes que fueron pactadas en sendos acuerdos suscritos en 2006 y 2007, y cuya vigencia concluye a finales de este año.

Las centrales sindicales CSI-F, PIDE, FE-CCOO, FETE-UGT, ANPE y STE-Ex decidieron ayer dar por suspendidas las actuaciones de protesta anunciadas, una vez que la consejera ha respondido favorablemente a todas sus reivindicaciones. Por un lado, y como ya anunció Pérez nada más producirse el paro laboral, se creará una comisión de revisión de centros en la que participarán los sindicatos, y la que se estudiará la conveniencia o no de fusionar, desglosar, suprimir o crear centros educativos en la región. Esta era una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, sobre todo teniendo en cuenta que la fusión de dos institutos en Llerena y otros tantos en Castuera de cara al próximo curso fue la gota que colmó el vaso del deterioro de las relaciones entre la consejería y los sindicatos, quienes reprocharon a su titular la toma de decisiones de forma unilateral sobre asuntos que afectan a los docentes.

Por otra parte, se va a acelerar el desarrollo de la totalidad de los contenidos recogidos en los acuerdos suscritos para la mejora de las condiciones laborales del profesorado y de la calidad de la enseñanza, que recogen una serie de puntos que aún no se han puesto en marcha. Además, la consejera se ha comprometido a poner en práctica un acuerdo laboral paralelo al trámite parlamentario de la futura Ley de Educación (LEEx). En este ámbito se abordarán cuestiones como la carrera profesional, el modelo de plantillas, la atención preferente a la labor tutorial, el apoyo a la escuela rural y al profesorado itinerante, el reconocimiento del derecho sindical a la negociación colectiva, y una apuesta decidida por la enseñanza pública.

Según comentó ayer Adrián Vivas, este diálogo pretende fijar una serie de puntos que los sindicatos no quieren que se demoren en el tiempo, y que posteriormente deberán ser incluidos en la LEEx. La nueva norma reguladora de la enseñanza en Extremadura se encuentra actualmente en pleno proceso de debate con la comunidad educativa de tal forma que podría estar en disposición de cerrar un anteproyecto de ley en el segundo trimestre del próximo curso, es decir, a comienzos del 2010.

La consejera considera que el acercamiento entre los sindicatos y la administración supone "un paso importante para reconducir los acontecimientos de las últimas semanas" y defendió la importancia de mantener la senda del diálogo y el entendimiento que ha presidido siempre las relaciones" entre ambas partes.

El PP también mostró su alegría por este entendimiento y dijo que la consejera "acierta cuando rectifica" su actitud y espera que a partir de ahora cuente con la comunidad educativa en la toma de decisiones.