El 22 de mayo en Cáceres y Badajoz profesores, padres y alumnos se manifestarán en rechazo a los recortes que en materia de educación va a aplicar el Gobierno extremeño. Antes, el 16 de mayo habrá junta de personal docente y el día 23 un nuevo parón en los centros educativos para denunciar la situación. Es el calendario de movilizaciones que, por el momento, tienen cerrado los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, AMPE y PIDE, que hoy denuncian la falta de diálogo de la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, con la que no se han vuelto a reunir desde el pasado 17 de abril y a la que urgen la convocatoria de la mesa sectorial para que les explique claramente en qué van a consistir las medidas. Y es que temen que todo esto se esté alargando para que llegue el mes de julio y aplicarlas sin poder de reacción cuando las aulas estén vacías y no pueda haber protestas por parte de los docentes. Según sus previsiones, y a falta de que conozcan con exactitud el calado de esos recortes, un mínimo de 600 docentes se verán afectados, la gran mayoría interinos.

El objetivo de la consejería, a su juicio, es "implantar un modelo de precarización de los recursos públicos y favorecer el desembarco de la iniciativa privada", señala Manuel Pascual, de CSIF; y hacerlo una vez haya acabado el curso, para que no haya posibilidad de dar marcha atrás, asegura José Manuel Chapado, de PIDE. Todo esto llega porque "elproceso de negociación se ha roto de manera unilateral por parte de la consejera", indica Tomás Chaves, de CCOO, que exige la convocatoria de esa mesa sectorial porque "hay una situación de incertidumbre total" en el profesorado, que desconoce cuál será su situación el próximo curso. "Nos tenemos que olvidar ya de la educación individualizada y está en peligro la escuela rural", advierte Antonio Vera, de Ampe; mientras que desde UGT, Miguel Salazar, denuncia que "hay un desprecio hacia los sindicatos del sector" y que "se abren las puertas a la segregación del alumnado", debilitando la escuela pública y apostando por la privada.

Según las cifras que manejan los sindicatos, el aumento de dos horas lectivas a la semana en los centros supondrá que cada diez profesores, uno se eliminará, que en cada colegio se perderán uno o dos maestros, y que en cada instituto las medidas afectarán a al menos cuatro profesores, con lo que la orquilla de afectados oscila entre 600 y 1.500. Son aquellos que llaman profesores sin horario; es decir, que no tienen las horas suficientes de clase en un centro porque, por ejemplo, se quiten asignaturas optativas, y que deberán irse a otro lugar donde sí tengan esas horas suficientes, ocupando la plaza que pueda tener un interino, que será el que pierda su trabajo.