El secretario de Sanidad del PSOE de Extremadura, José María Vergeles, denunció ayer que el Gobierno regional no está avisando a los inmigrantes de que el Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento en Extremadura (Pascaex) ha dejado de tener efecto.

En un comunicado, Vergeles recuerda que este programa es el fruto del acuerdo al que llegó la Consejería de Salud con las asociaciones de inmigrantes para asegurarles la asistencia sanitaria gratuita y especifica que, "ahora, con el Real Decreto que viene a establecer la póliza de seguros de Mato, este acuerdo ha quedado sin efectos legales alguno".

Por ello, explica que, tras la publicación del Real Decreto 576/2013 aprobado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, el Pascaex ha dejado de funcionar en la región y ha sido derogado, pese a que el presidente de la Junta, José Antonio Monago, "no lo ha comunicado ni al Servicio Extremeño de Salud ni a la población".

Vergeles considera de "extrema gravedad" que a los inmigrantes, para asegurarles la asistencia sanitaria exclusivamente en la cartera básica de servicios, se les cobre mensualmente 60 euros si tienen menos de 65 años y 157 si tienen más de esa edad.

En ese sentido, denuncia que la "póliza de seguros Mato", además de "muy cara", genera unos niveles de salud "peores que los que tenemos hasta ahora".

Además, advierte de que la privación de este servicio no sólo tendrá consecuencias en la salud de los inmigrantes sino también en el resto de la ciudadanía, pues se incumplen aspectos de la salud pública como el control de enfermedades transmisibles.

LA JUNTA LO NIEGA La Consejería de Salud y Política Social aclaró ayer hoy que el Pascaex está en vigor desde el pasado 15 de julio y no ha sido derogado. En un comunicado, el Gobierno extremeño respondía así al PSOE, aclarando que el Pascaex no queda invalidado por la publicación del Real Decreto 576/2013 por el que se regula los requisitos para la prestación sanitaria a los no beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, como señalaban los socialistas.

En este sentido, insiste en que es un programa social y de seguimiento sanitario promovido por las direcciones generales de Política Social y de Planificación, Calidad y Consumo, que está planteado para los inmigrantes irregulares de escasos recursos económicos, cuyos ingresos no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y que, por tanto, no puedan suscribir los convenios especiales del Ministerio de Sanidad.

Este programa, además de cumplir un mandato del Parlamento de Extremadura, tiene por objetivo prevenir riesgos para la salud pública, evitando efectos secundarios sobre la población residente, al tiempo que ofrece una asistencia sanitaria normalizada a las personas sin papeles, añade la Junta en su nota.

La consejería expresa su rechazo ante las declaraciones del PSOE, "quienes nuevamente utilizan la sanidad para generar alarma social en un ámbito tan delicado como el de la salud pública".