Otro plazo agotado en el caso de Isla de Valdecañas. El jueves concluyó el tiempo para que las partes en conflicto presentaran sus conclusiones tras la vista pública celebrada el 12 de septiembre, en la que los investigadores de la Estación Biológica de Doñana se ratificaron en su informe pericial. El magistrado del TSJEx, Daniel Ruiz, pidió en aquella vista que formularan peticiones concretas y plantearan también alternativas a la ejecución del fallo.

Grosso modo, cada una de las partes en conflicto mantiene en estas conclusiones la postura que ha venido defendiendo desde el principio, aunque hay matices y la solicitud de una nueva prueba, esta vez de reconocimiento judicial: una visita del juez al terreno.

En el caso de las dos organizaciones recurrentes, Adenex y Ecologistas en Acción, su petición final es el derribo del complejo, pero del modo que sugieren los peritos de Doñana y no la propia sentencia. No quieren devolver el espacio a su situación anterior a la construcción, sino demoler las edificaciones y las carreteras excepto la que conduce hasta la depuradora, que también se mantendría. «Pedimos demoler todo lo que haya sobre rasante», explica Mª Ángeles López, abogada de Adenex, que no ve otra alternativa posible.

«DERRIBO Y DESOCUPACIÓN»

«No sería necesario mover los suelos ni quitar las depuradoras aunque no están funcionando», cuenta José Mª Trillo, el letrado de Ecologistas en Acción. A su juicio, está acreditado en el informe de Doñana que es lo más beneficioso para el espacio natural. «No es el escenario de holocausto que planteó la Junta de Extremadura, no hay que mover millones de toneladas de áridos del suelo ni replantar eucaliptos, sino permitir que el espacio con el paso del tiempo se vaya recuperando. Y eso se consigue quitando las infraestructuras y por supuesto, pedimos la desocupación, que no se permita seguir utilizando en esos usos», afirma.

Justo lo contrario reclaman el resto de partes. El abogado de la mayoría de los propietarios de los inmuebles del complejo, Luis Díaz- Ambrona, se mantiene en la legalidad del proyecto. «En nuestro escrito justificamos que el complejo no ha tenido incidencia medioambiental negativa en la Zepa y el informe pericial tampoco concreta esa incidencia. Es más, los últimos censos de aves demuestran que hay más variedad de especies en la Zepa y su entorno, que ahora hay cuatro nidos de águila imperial, una especie en peligro, y antes solo había uno y se ha detectado la reproducción de un lince».

LA ALTERNATIVA

Explica, además, que se respeta el plan de gestión de la zona Zepa que «no ha sido impugnado por nadie» y defiende que una demolición «no solo no mejoraría la situación ambiental, sino que se destruirían algunos efectos positivos que ha tenido». Y como alternativa, aporta una serie de actuaciones correctoras que permitirían mejorar la Zepa y «neutralizaría ese supuesto impacto negativo del que hablan los ecologistas».

Por parte de la representación de la empresa promotora, Marina Isla de Valdecañas, no se proponen medidas pero sí una prueba de reconocimiento judicial, es decir, que los miembros del tribunal visiten la isla y vean sobre el terreno la situación del entorno. Esta petición no es nueva, ya fue solicitada por el promotor antes de que llegara el informe pericial, pero en aquel momento no se vio pertinente. «Puede que ahora el tribunal crea que puede tener utilidad».

Desde la Junta también confirman que han presentado sus conclusiones y su posición sigue siendo la misma: «la imposibilidad jurídica de ejecución por cambios legislativos posteriores, así como por imposibilidad material por perjudicar el ecosistema en la isla tras la actuación. No es posible ejecutar la sentencia en sus términos literales». Por eso, «en sustitución de la restitución de eucaliptos sentenciada», propone medidas concretas para mantener el complejo y reforzar su sostenibilidad medioambiental y la de la Zepa. Alega, además, la compatibilidad con el interés general de crear actividad económica y de empleo «que evite la despoblación».

¿HAY QUE ESPERAR AL TC?

La segunda petición del magistrado tras la vista pública fue valorar también el conflicto abierto en el Tribunal Constitucional (TC) por dudas generadas en el cambio de Ley de Suelo que permitió, posteriormente, legalizar el complejo. En este sentido, al menos los ecologistas y los propietarios consideran que el TSJEx no tendría que esperar al Constitucional para resolver el incidente de inejecución de la sentencia de derribo planteado por la Junta en 2015. «Independientemente de lo que considere el TC el incidente se tiene que resolver». Otra cuestión es que aunque resuelva ahora decida no ejecutar su propia resolución hasta su pronunciamiento: «sería otra de las posibilidades abiertas».

Ahora, una vez agotado el plazo de presentación de las conclusiones se abre otro periodo: 20 días más para que las partes valoren las aportaciones de los demás y hagan alegaciones. Luego será el TSJEx el que dicte una resolución final sobre qué hacer con Isla de Valdecañas. Pero eso no significa el fin del conflicto, porque hay varias opciones abiertas: que el juez suspenda la resolución de esta fase hasta que se pronuncie el Constitucional o que resuelva. En este último caso podría pedir paralizar la actuación que fije hasta conocer lo que diga el TC. O no.