Sin conocer a fondo la sentencia, sí se puede asegurar que se trata de un pronunciamiento legal muy favorable, ya que los proyectos de interés regional (PIR) son instrumentos de ordenación territorial que permiten a la Administración autonómica la clasificación del suelo. De este modo se rompe el monopolio de los ayuntamientos en esta materia y se articulan herramientas más eficaces para la defensa del interés general y el acceso de miles de ciudadanos con menor poder económico a una vivienda digna y adecuada.

Los proyectos de interés regional posibilitan la coordinación efectiva de las políticas públicas de vivienda entre la Junta y los municipios. Creo que debemos defender que se promueva la necesaria colaboración y cooperación de las distintas administraciones para el desarrollo de las actuaciones que permiten afrontar políticas más integradas, enfocadas a que primen, por encima de todo, el interés general y el objetivo de actuar en favor del acceso a la vivienda.

En mi opinión hay que abandonar políticas de campanario que a nada conducen y a nadie benefician y centrarse en políticas comunes, en desarrollos coordinados, que se encaminen a mejorar el bienestar de los ciudadanos.

*Experto en Derecho Urbanísticoy presidente de Urbacorp