Los representantes de los antiguos propietarios alegan su derecho a recuperar las parcelas una vez que finalizó el uso agrario para el que fueron expropiadas. Además, acusan a empresa y Junta de actuar con soberbia, ya que durante todo el proceso judicial, que cumple once años, nunca se pusieron en contacto con ellos para llegar a un acuerdo. Ahora siguen dispuestos a negociar por el bien del pueblo de Jerez. Piden por los terrenos unos seis millones de euros.

El Grupo Gallardo cree que es inviable devolver el terreno porque ello obligaría a desmontar una industria que genera centenares de empleos y pondría en riesgo la ampliación prevista de la siderúrgica. Además, desde la empresa se alega que actuaron de buena fe, comprando unos terrenos, que luego la Junta recalificó para uso industrial, sin que ellos interviniesen en el proceso, por lo que no deben verse perjudicados. Piden que el tribunal fije una compensación alternativa.