Las tres compañías eléctricas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz (Iberdrola, dueña de un 53%; Endesa, de un 36%; y Naturgy, de un 11%) reavivaron ayer su enfrentamiento en torno al futuro de la planta cacereña y no fueron capaces de cerrar un acuerdo sobre la solicitud de prórroga que deben presentar antes de que finalice este mismo mes si quieren que la instalación siga funcionando más allá del 2020.

A pesar de que el encuentro que mantuvieron en Madrid las tres socias —y competidoras— se prolongó durante cerca de siete horas, acabó finalizando únicamente con el compromiso de volver a abordar este asunto en una nueva junta de propietarios el próximo 19 de marzo, apenas semana y media antes de que se agote el plazo. Fuentes cercanas a la reunión aseguraron, no obstante, que durante su transcurso se habían producido «avances» y subrayaron que en la de la próxima semana las compañías volverán a sentarse con el objetivo de fijar «las bases de la renovación».

El acuerdo entre Iberdrola, Endesa y Naturgy parecía encarrilado después del pacto al que llegaron a finales del mes de enero con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para establecer un calendario de cierre ordenado del parque nuclear español entre 2025 y 2035. Y más cerca se antojaba aun después de que Endesa y EDP —dueña de un 15,5% de la Central de Trillo— firmaran ayer por la mañana con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) el protocolo que recoge este cronograma, y que ya había sido ratificado la semana pasada por Iberdrola y Naturgy. Este documento plantea que para el grupo I de la central cacereña el permiso se renovaría por 7,4 años, con lo que llegaría hasta el año 2027, y el grupo II por 8,2 años, con lo cual extendería su operación hasta 2028.

Desde Endesa se había considerado este protocolo como un calendario de mínimos, por lo que no se quería cerrar totalmente la posibilidad de que Almaraz pudiera seguir funcionando más allá de esas fechas en función de la coyuntura. Sin embargo, las discrepancias entre las tres multinacionales propietarias habrían resurgido ayer por otro motivo: las condiciones que tanto Iberdrola como Naturgy quieren poner para seguir operando hasta las fechas recogidas en el protocolo y que Endesa se ha negado a aceptar. Estos requisitos serían tanto de índole económica, como fiscales y de precios de mercado. Entre ellos estaría el de asumir el compromiso de no tener que efectuar durante este periodo inversiones excesivas, más allá de las recurrentes a las que obliga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

PRECEDENTE/ Si no se llegara a un acuerdo entre los socios para solicitar la nueva licencia de explotación, Almaraz, cuyo actual permiso cumple en junio del 2020, sería la segunda central nuclear que se cerraría por falta de acuerdo de las empresas que participan en una planta, que tienen que solicitar por unanimidad la renovación.

La central de Santa María de Garoña (Burgos) fue la primera que tuvo que clausurarse por el desacuerdo entre Endesa e Iberdrola, después de que esta última pidiera que se desistiera de pedir la licencia, y en agosto de 2017 el entonces Ministerio de Energía decidiese no renovar la autorización. En cualquier caso, este escenario parece bastante poco probable en el caso de Almaraz, con un peso mucho mayor que la central burgalesa en lo que a aportación al ‘mix’ energético nacional respecta (cada uno de sus dos reactores tiene cerca de 1.050 megavatios de potencia eléctrica).