La Agencia de Protección de Datos ha investigado en los últimos años más de un centenar de denuncias interpuestas por ciudadanos extremeños, la mayoría por la cesión no consentida de datos personales y su uso para fines privados. Desde la agencia señalan que, en general, las administraciones extremeñas cumplen sus obligaciones en esta materia, aunque ya han sido expedientados varios ayuntamientos y algunas delegaciones del Gobierno central.
El director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Piñar, explica que desde 1997 los extremeños presentan una media de catorce denuncias anuales, con un volumen similar al del resto de las comunidades autónomas. Piñar señala, en declaraciones a EL PERIODICO EXTREMADURA, que cerca de la mitad de estas reclamaciones suponen la apertura de expedientes sancionadores contra empresas o Administraciones extremeñas, mientras que el resto se dirigen a entidades de otras regiones.
Por lo que se refiere a las materias que provocan más reclamaciones por parte de los ciudadanos, el tratamiento de datos personales sin consentimiento y la posterior cesión de esos datos son los casos más habituales.
CASOS HABITUALES Además, hay muchas solicitudes de tutela a Protección de Datos cuando las propias administraciones y empresas privadas no permiten a una persona acceder, rectificar o cancelar sus propios datos.
La mayoría de las denuncias se dirigen contra entidades bancarias y financieras por la publicación de datos relativos a la solvencia patrimonial de particulares, así como a empresas de telecomunicaciones y de publicidad.
En el caso de las Administraciones Públicas extremeñas, Piñar califica de "positivo" el nivel de cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos. Sin embargo, reconoce que hay algunos casos concretos --que prefiere no desvelar-- en que esto no es así. En este sentido, en los últimos dos años ha expedientado a varios ayuntamientos por no someter los ficheros municipales al registro de la propia agencia y "por el uso indebido del padrón".
Más recientemente han sido sancionados dos órganos de la Administración del Estado en Extremadura debido a que no permitieron el acceso de los ciudadanos a sus propios datos.
