Todo aquel que pase mañana a las cinco y media por las puertas de los centros de la Uned en Mérida y Plasencia verá cómo los psicólogos extremeños se concentran para exigir que la ley les reconozca lo que la sociedad no parece dudar: que son profesionales sanitarios.

Mientras más del 70% de personas atendidas en Extremadura se han puesto en sus manos y, por tanto, fuera del servicio público, para tratar desde el consabido estrés a los trastornos de la alimentación --según el último estudio del colegio oficial--, el Gobierno de Aznar les excluyó de las profesiones sanitarias en la ley que aprobó el año pasado por el mero hecho de que los estudios de Psicología se cursan entre las disciplinas de Ciencias Sociales y Jurídicas y no entre las de Ciencias de la Salud.

Pero si el Gobierno del PP no les escuchó, tampoco ahora el del PSOE, pese a que este partido presentó desde la oposición en verano del 2003 una enmienda para modificar lo que mañana volverán a pedir públicamente en toda España incluso con encierros en facultades y una concentración en Ferraz. En Extremadura tendrá su reflejo delante de los únicos centros universitarios donde se puede estudiar Psicología, los de la Uned.

Toxicomanías

La enmienda de la que el PSOE, en el Gobierno, no ha vuelto a hablar reconocía que los psicólogos vienen realizando "desde hace lustros tareas cualificadas e incluso regladas desde la propia Administración en el ámbito de la salud" y enumeraba, entre otras funciones, las de intervención y prevención de las toxicomanías, de los trastornos alimentarios y del aprendizaje, estudios sobre el estrés o el síndrome del quemado .

"Sin embargo --explicó ayer Rosa María Redondo, del colegio oficial de Extremadura-- esa ley impide establecer un diagnóstico, por ejemplo, de depresión y hacer un tratamiento", lo que afectará a los estudiantes y ya hoy a 700 colegiados en Extremadura, que paradójicamente pagan como autónomos bajo el epígrafe de servicios sanitarios y están exentos del IVA desde 1990.

No sólo peligra el futuro laboral de los estudiantes y de psicólogos en ejercicio, sino que causa un perjuicio a la sociedad, que recurre a sus consultas huyendo de las listas de espera. "Es imposible --advirtió-- que las unidades de Salud Mental acojan la demanda".