Es obvio que el alcalde de Villanueva no tiene ninguna responsabilidad en el asunto del chalet aparentemente ilegal", aseguró Ignacio Sánchez Amor, portavoz parlamentario del PSOE y encargado ayer de dar a conocer los acuerdos de la comisión permanente de la Ejecutiva regional socialista. Sánchez Amor indicó que el régimen matrimonial de separación de bienes entre Miguel Angel Gallardo y su mujer "está comprobado que es como él dice, y por tanto se trata de una actuación de su mujer, sobre un terreno que además si no me equivoco era propiedad de ella antes del matrimonio".

Sánchez Amor indicó que la permanente del PSOE no estudió esta cuestión "porque no solemos tratar el hecho de que una ciudadana privada tenga un chalet aparentemente ilegal", y añadió: "Lo único de lo que hemos tenido noticias es de si la Administración había actuado correctamente, y hemos ratificado que la Junta ha recibido las denuncias y ha tramitado los expedientes, esa es nuestra preocupación política, que no se dé un tratamiento distinto por el hecho de que exista una relación familiar con un cargo socialista".

En todo caso, el portavoz socialista sí quiso dejar claro que el PSOE "no avala" los ataques a los periodistas realizados por Gallardo en su comparecencia del sábado.

Respecto al fondo de la cuestión, Sánchez Amor insistió en que los expedientes urbanísticos han sido abiertos a una persona privada y por tanto "no es un problema político", que sólo habría existido si no se hubiera denunciado o si se hubiese dado un trato de favor.

En lo que se refiere a las críticas suscitadas por la presencia de la vicepresidenta segunda, Dolores Aguilar, y el consejero de Fomento, José Luis Quintana, en la rueda de prensa del alcalde villanovense, Sánchez Amor indicó que "no puede interpretarse como un apoyo explícito de la Junta" a Gallardo, puesto que la postura del Gobierno regional "es la que expresó la vicepresidenta primera (Dolores Pallero) el viernes: igualdad de todos ante la ley".

Por ello, indicó que esta presencia de Quintana y Aguilar pudo estar motivada por el hecho de que ambos tienen cargos orgánicos dentro del PSOE en la comarca y la propia ciudad.

Finalmente, aclaró que la paralización del procedimiento administrativo hasta que se sustancie la actuación judicial es algo que exige la ley, y que cuando el proceso judicial concluya en auto o sentencia será el momento de retomar las actuaciones administrativas y ver las responsabilidades que se derivan de este expediente.