Tal y como anunció el presidente de la Junta y secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, en el pleno de la Asamblea del pasado 23 de octubre, los socialistas hicieron llegar ayer al PP el documento-propuesta sobre las premisas que deben guiar la postura extremeña en el nuevo modelo de financiación autonómica, para intentar llegar a un acuerdo que implique que el Gobierno extremeño defienda planteamientos con el respaldo unánime del Parlamento.

Poco ha trascendido del contenido concreto de este documento, ya que ni socialistas ni populares quisieron hacerlo público antes de la reunión que mañana tendrán para acercar posturas. De hecho, por parte del PSOE la información se limitó a una nota que contiene poco más que el anuncio de envío del texto y, sobre su contenido, que recoge que el próximo modelo debe garantizar "la suficiencia a lo largo de toda su vigencia" y asumir "como principio fundamental el de la igualdad efectiva de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos".

Igualmente se alude a que el sistema debe hacer efectivo "el principio de solidaridad interregional".

NO A LA NIVELACION PARCIAL

Por su parte, el secretario regional del PP, César Díez Solís, certificó ante los medios de comunicación el acuse de recibo del documento, que tachó, sin profundizar en contenidos, de "vago y poco claro en algunos aspectos". Poco más. Díez Solís se excusó diciendo que aún no han realizado un estudio profundo de lo que se les propone, señaló que el texto es "abierto" y por tanto afirmó que será posible llegar "a un entendimiento", y explicó que los populares incidirán mañana en cuestiones como la financiación local, la multilateralidad en la negociación y la solidaridad interterritorial como fundamento.

A falta de mayor concreción, cabe suponer que el documento recogerá, en esencia, lo adelantado por Fernández Vara en el pleno de octubre. De este modo, incluiría un rechazo frontal a lo que estipula el Estatuto de Cataluña en cuanto a la nivelación parcial de los servicios.

Este principio supondría que el Fondo de Suficiencia que el Estado reparte entre las comunidades autónomas se limitaría a financiar sanidad y educación. El resto de servicios, o tendrían que ser financiados con recursos de las regiones (impuestos cedidos y propios) o dependerían de la generosidad de otras comunidades, que decidirían en cada momento qué cantidad aportarían al fondo común.

En este sentido, el presidente extremeño recordó que un estatuto de autonomía no puede imponerse a la Constitución, y que también son servicios básicos --y por tanto financiables con el fondo estatal-- justicia, vivienda, cultura o empleo, entre otros.

Otro vértice de la propuesta de Vara apuntaba a que, si bien el principal criterio para la determinación de necesidades de financiación debía ser la población, habría que introducir elementos correctores como la dispersión, envejecimiento e insularidad. Finalmente, Extremadura estaría dispuesta a que las negociaciones fueran bilaterales (cada autonomía con el Gobierno central) siempre que el acuerdo final se sustancie en una reunión multilateral de todas las comunidades con el Gobierno en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cuanto a la oportunidad o no de reformar el modelo en un momento de recesión, Vara reconoció que quizá hubiese sido mejor en tiempos de bonanza económica, pero añadió que hay reajustes que no pueden esperar.

Esta postura coincide con la expresada en la tesis realizada en la Uex por Elena Manzano y adelantada ayer por EL PERIODICO. Según esta tesis, algunas de las reformas fiscales realizadas por las comunidades y por el propio Gobierno han terminado quebrando los principios de solidaridad del sistema de financiación.

Esto se traduce en la menor disposición de fondos estatales para afrontar su obligación de nivelar servicios ayudando a aquellas regiones cuyos ingresos fiscales no alcancen un mínimo, utilizando mecanismos como el Fondo de Compensación.