El PSOE de Extremadura denuncia que el Gobierno de Mariano Rajoy "se ceba" con las personas dependientes puesto que, en su opinión, pretende aplicar un "recorte" de 1.100 millones de euros en el sistema de atención a la dependencia.
El secretario regional de Política Social del PSOE, Adolfo Ledesma, advierte de que "sacar tal cantidad de dinero" provocaría el "desmantelamiento" efectivo de la ley, haciéndola "inviable e ineficaz" para cubrir las necesidades básicas de la vida diaria de las personas con dependencia.
Ledesma resalta que sin olvidar el "truncamiento" de tantos proyectos de autonomía personal que producirían la "marginación social y laboral de muchas personas discapacitadas".
El PSOE critica que el PP sigue "implacable" con su proyecto de cambio de modelo social, con el que trata de llevar a España hacia un estado neoliberal "contrapuesto" al Estado de bienestar por el que la sociedad viene luchando.
En el modelo del PP, dice, no cabe el sistema de atención a la dependencia, que fue concebido como el cuarto pilar del Estado de bienestar, y al que quieren "desmantelar aceleradamente", aunque ello suponga "más destrucción de empleo y dificultades añadidas a la conciliación de la vida familiar y laboral".
Pero alerta, sobre todo, del empeoramiento de las condiciones de vida de las personas discapacitadas y dependientes, muchas de ellas personas mayores a las cuales "se les resta nuevamente capacidad económica y bienestar".
Ante esta situación, el PSOE de Extremadura propugna la puesta en valor del gran pacto social y político, recogido en la Constitución de 1978, por el que desde entonces todos los gobiernos democráticos han ido facilitando recursos legales y económicos para hacer real la integración social plena de estas personas.
Un esfuerzo "sostenido y respaldado por un gran consenso social", que ganó impulso en 2006 con la promulgación, por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, proceso que, asevera, "se truncó con la llegada al poder del Gobierno popular de Rajoy".
En opinión del PSOE, el mantenimiento de dotaciones presupuestarias "suficientes" a favor de las personas discapacitadas no es un mero asunto económico, es un ejercicio de valores sociales, que persigue garantizar los derechos fundamentales, básicos y cotidianos, así como respetar la dignidad humana de este colectivo.
"La bondad de un estado democrático se mide por su capacidad para amparar y promocionar a sus ciudadanos más desfavorecidos", agrega Ledesma, quien cree que "mala sería la salud democrática de España si el estado español en su conjunto no fuera capaz de proteger los derechos de aquellos ciudadanos que, a veces, ni siquiera son capaces de defenderlos por sí solos".
