El PSOE de Extremadura ha pedido hoy a la Junta un plan para del desarrollo del sector de las empresas de servicios energéticos que permita el ahorro en el consumo eléctrico de instituciones públicas, empresas, hogares y establecimientos hosteleros, y con el que se crearían unos 10.000 empleos.

Así lo ha señalado en Mérida, en una rueda de prensa, el portavoz de Empresas del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional, César Ramos, que ha presentado una Propuesta de Impulso, para el próximo pleno de la cámara, en el que se plantea esta demanda.

Según Ramos, si la Junta desarrolla ese plan e impulsa al sector de las empresas que aplican programas de ahorro de energía eléctrica en diversos edificios Extremadura se situaría en una buena situación de competitividad en relación a otras regiones, y se podrían crear numerosos puestos de trabajo.

En este sentido, ha dicho que las empresas extremeñas no sólo trabajarían en el territorio de Extremadura sino que también podrían hacerlo en comunidades autónomas limítrofes e, incluso, en Portugal.

El dirigente socialista ha explicado que este sector está respaldado por una directa de la UE de 2006 y por un Real Decreto del Gobierno central de 2010, y que, además, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) mantiene un convenio con el Ministerio de Industria para favorecer la financiación de las empresas de servicios energéticos.

Por todo esto, Ramos ha explicado que la Propuesta de Impulso que el PSOE ha presentado para el Pleno de la Asamblea del próximo día 29 se piden cuestiones como la formación e información de las administraciones públicas y de las empresas susceptibles de convertirse en empresas de servicios energéticos.

También reclaman los socialistas el ahorro y la eficiencia energética en los edificios públicos mediante contratos de servicios energéticos,

Entre los edificios públicos susceptibles de ahorrar en el consumo de energía eléctrica, Ramos ha mencionado los centros sanitarios, en especial los hospitales, y los educativos

Otra demanda es que haya una propuesta de modelo de contrato de servicios energéticos entre las administraciones públicas y las empresas del sector.