El Grupo Socialista en el Parlamento extremeño plantea hoy "blindar" la renta básica en Extremadura de forma que cada año se destine a este fin un porcentaje del Productor Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma.

Su portavoz, Isabel Gil Rosiña, explica que este porcentaje debería de ser del 0,5% del PIB, lo que supondría unos 90 millones de euros anuales, en el caso de que se arbitren planes públicos de empleo; y del 1%, unos 170 millones, si no existen esos planes, como ocurre actualmente.

La Ley de Renta Básica cuenta con un presupuesto de 13,2 millones de euros para este año, que podrían ampliarse, y se espera que entre 3.000 y 5.000 extremeños puedan beneficiarse de ella.

En ese sentido, mientras el portavoz del Grupo Popular, Miguel Cantero, considera "interesada" la propuesta socialista de "blindar" el presupuesto de la renta básica; el de IU, Pedro Escobar, aboga también porque no haya un "límite previo en el número de perceptores" y recalca que su presupuesto debe de tener siempre "carácter de crédito ampliable".

De igual forma, el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, apoya que la ley no puede contar con "topes presupuestarios", pero considera el "blindaje" planteado por el PSOE como un "intento de tumbar la ley".

Además de considerar "incongruente" la propuesta socialista, el consejero dice que "no es momento de establecer líneas rojas" en cuento a la financiación de la ley, sino "el de acercar orillas para poder cruzar el río".

A pesar de estas diferencias, el Proyecto de Ley de Renta Básica, con el que Extremadura deja de ser la única comunidad que no contaba con un instrumento de este tipo, superado hoy por unanimidad su debate a la totalidad, con lo que continúa su trámitación parlamentaria en comisión.

Luis Alfonso Hernández Carrón, que ha expuesto ante el Pleno del Parlamento extremeño el contenido del proyecto de ley, dice que esta normativa será la más avanzada del Estado y contempla la renta básica como un derecho subjetivo "sin límite presupuestario".

El consejero explica que el texto incorpora algunas demandas hechas por colectivos, que han "flexibilizado" requisitos, entre otros, la reducción de 4 a 1 año de obligatoriedad de residencia en la región, la supresión de la limitación a 18 meses de percepción o la compatibilización con otro tipo de prestaciones o trabajos.

La cuantía mínima de la prestación será de 372 euros, el 70 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se incrementará un 10 por ciento por cada miembro de la unidad familiar, cuando se conviva con una persona con discapacidad o se tenga que hacer frente al pago del alquiler o hipoteca de la vivienda familiar, con lo que el máximo a percibir podría alcanzar en estos supuestos los 692 euros.

Hernández Carrón explica que la consejería tiene ya "muy avanzado" el contenido del Plan de Integración que acompañará a esta ley y que "verá la luz" en cuanto se apruebe la renta básica, al igual que el borrador del reglamento de la normativa para que pueda entrar en vigor "de inmediato".

Según especifica, para el desarrollo del plan, se contará con la colaboración de agentes y colectivos sociales y entidades del tercer sector, ya que la ley, ha dicho, "no sólo intenta dar el pez, sino también la caña de pescar".