Acuerdos para todos los gustos en el último pleno de la legislatura. El PSOE logró ayer la abstención de Podemos para sacar adelante su Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda. Pese a los desencuentros de las últimas semanas, la formación dejó pasar el texto después de que los socialistas aceptaran la mayoría de sus aportaciones, entre ellas la creación de un nuevo impuesto regional que grave a los «grandes tenedores» de inmuebles vacíos.

La ley salió adelante solo con los votos del PSOE, ya que Ciudadanos también se abstuvo y el PP votó en contra al considerar que es demasiado intervencionista y que algunos de sus preceptos «chocan» con la Constitución. Sin embargo, socialistas y populares sí fueron capaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante la reforma de la ley de caza, que incluye finalmente dos licencias, una para la mayor y otra para la menor, con bonificaciones para colectivos como los jóvenes.

Respecto a la ley de vivienda, el diputado de Podemos José Luis Murillo puso de manifiesto las visiones enfrentadas de la formación morada y el PP, en tanto que Podemos busca «salir en la foto con las familias» y los populares eligen situarse al lado de los bancos. No obstante, Murillo también afeó a los socialistas que la Junta vetase la propuesta de ley de vivienda que Podemos presentó al inicio de la legislatura cuando algunas de las medidas que contenía han sido plasmadas en la que ayer se aprobó.

Según explicó, medidas que además han sido puestas en marcha en otras comunidades y «validadas» por el Tribunal Constitucional, al contrario de lo que aquí ocurrió con la Ley de Emergencia Social de la Vivienda. Esta norma, que también se acordó con Podemos, ya establecía un canon regional a los pisos vacíos, pero la Junta decidió paralizar su desarrollo en 2017 después de que el Tribunal Constitucional tumbara algunos de los preceptos de la ley (especialmente los artículos que permitían expropiar casas vacías a los bancos) a raíz de un recurso del Gobierno.

De cara a la aprobación de esta nueva ley, la formación morada había planteado la aplicación de un impuesto a las viviendas que estén desocupadas más de dos años, pero finalmente aceptó una enmienda de los socialistas para que en un plazo de 18 meses, la Junta elabore una ley para la creación de un impuesto a los «grandes tenedores de viviendas». Por tanto, este tributo se aplicaría ya en la próxima legislatura.

REHABILITACIÓN / Además de este impuesto, Podemos también ha incorporado a la ley la creación de un Fondo de Garantía de Eficiencia Energética de Vivienda, para mejorar la rehabilitación integral de edificios y facilitar a los ciudadanos financiación para acometer estas obras. La formación pedía además una regulación específica contra «la burbuja» de los precios del alquiler, pero finalmente no ha salido adelante. En su defecto, el PSOE ha abogado por establecer, también en el plazo de 18 meses, una nueva regulación de la composición del Consejo Asesor y la Comisión Regional de Vivienda.

En el debate, la diputada socialista Ana Belén Fernández agradeció la «voluntad de diálogo» de Podemos para sacar adelante esta ley, a su juicio importante para las dos formaciones dado que trata «uno de los ejes fundamentales de la legislatura», la vivienda, una materia en la que ambos partidos han alcanzado acuerdos que «sin duda» han mejorado la vida de los extremeños.

Al mismo tiempo, Fernández criticó la postura de los populares, a quienes «no les interesa esta ley», y justificó el rechazo a la mayoría de sus enmiendas en que «desvirtúan» el texto. Una teoría que confirmó el propio diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá, que reconoció que el objetivo de las aportaciones de su grupo era dar «una vuelta completa» a una ley que peca de un «intervencionismo exhacerbado» y que «choca con la Constitución». En la misma línea que Murillo, Sánchez Julia destacó que en el debate de la vivienda se contraponen dos modelos muy diferenciados, el de la «extrema izquierda podemita» y el del PP, que apuesta por la «libertad del mercado inmobiliario y el respeto a la propiedad privada».

Además, en sus enmiendas parciales incluían una bajada de los impuestos de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados que han sido rechazadas. No obstante, el PP sí consiguió el apoyo de Podemos para aprobar una enmienda para paralizar la extinción de la empresa pública Gisvesa y facilitar así la reincorporación de los 11 trabajadores afectados.

Por último, la diputada de Cs, María Victoria Domínguez, señaló que sus enmiendas pretendían garantizar la protección de los consumidores. La formación naranja ha conseguido la creación de un registro de agentes y agencias inmobiliarias, de inscripción obligatoria, cuyas características, desarrollo, gestión y régimen de inscripción se determinarán reglamentariamente.