Rifirrafe sobre la reforma de la Administración local. Los presidentes de las diputaciones provinciales de Badajoz y Barcelona, Valentín Cortés y Salvador Esteve i Figueras, respectivamente, rechazaron ayer públicamente el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el político catalán tacha de "aberración". Estas declaraciones se produjeron ayer antes de que el vicesecretario de Comunicación del PP Provincial de Cáceres, José Manuel García Ballesteros, insistiera en que esa reforma acabará con el "clientelismo político".

Los presidentes socialistas comparecieron en Badajoz para presentar la mesa redonda que sobre este anteproyecto que se celebrará hoy en la localidad pacense de Llerena, organizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local. Esteve i Figueras explicó que la pretensión de la norma es que el Estado diga que "tal ayuntamiento no cumple con los estándares de un determinado servicio y ordenará su traslado a la diputación con lo cual se cargan la libre voluntad democrática" de los municipios. Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz considera que la autonomía local está en la decisión de si un ayuntamiento cede o no un competencia, "pero no en que te la quiten". A su juicio, el anteproyecto de ley tiene visos de inconstitucionalidad, ya que el articulo 140 de la Carta Magna atribuye a los ayuntamientos el gobierno y gestión de los municipios "y gobernar es decidir", aclaró. Si la deuda es el "cáncer" que ha motivado esta reforma, planteó Cortés, precisamente la administración local no lo sufre, ya que sólo le corresponde el 4,5% de la deuda del conjunto de las administraciones.

No opina lo mismo el popular García Ballesteros, quien pidió al PSOE provincial de Cáceres que "no chantajee" a la Fempex con salirse y que se sume al debate para hacer propuestas. Aseguró que los socialistas están buscando excusas "basadas en su ineficacia" para no aprobar la reforma. Para el PP, se trata de una ley "muy necesaria", que acabará con el "clientelismo político, chanchullos y enredos" y que va a mejorar la "transparencia y eficacia" de la administración, así como eliminar la duplicidades. Ballesteros aseveró que "no es verdad que se privatice ningún servicio" y retó a los socialistas a que demuestren qué servicios son los que se van a privatizar y "los 10.000 empleos que dicen que se van a perder".